Los encargados del operativo del 31 de mayo en el Centro de Rehabilitación Turi, en Azuay, y los ministerios del Interior y de Justicia deberán ofrecer disculpas a los internos que supuestamente fueron maltratados en la requisa de ese día, en el pabellón de mediana seguridad.

Esta es una de las cinco medidas de reparación que dictó, el pasado miércoles, Carlos Guzmán Muñoz, juez encargado de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, quien aceptó el habeas corpus a favor de los trece internos de Turi que pusieron la demanda, indicaron organizaciones como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

El borrador de las disculpas deberá ser enviado al juez para su aprobación en cinco días.

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El juez también dispuso la atención física y psicológica a las víctimas y ordenó que el 31 de mayo de 2017, los dos ministerios (Justicia y del Interior) capaciten obligatoriamente, en materia de derechos humanos, a funcionarios de los centros de rehabilitación social del país.

Asimismo, los policías del operativo no podrán ingresar a ningún centro de rehabilitación del país, y se ordenó el traslado de los internos a los centros que tengan distinciones de mediana y máxima seguridad.

En la web del Ministerio de Justicia se indicó que el juez determinó que el Estado no es responsable del supuesto abuso. Y que consideró lo sucedido como un “hecho aislado que no responde a una política de Estado”. Se agregó que esta cartera de Estado acogió la resolución de Guzmán y que el Ministerio de Salud, con control de la Defensoría del Pueblo, estará a cargo del tratamiento psicológico de los afectados. (I)