El Gobierno insistió en la Corte Constitucional (CC) que rechace las diez demandas planteadas en contra de las enmiendas constitucionales porque la misma institución “legitimó” el procedimiento para que la Asamblea las apruebe.

Nueve meses después de que las quince enmiendas a la Constitución entraran en vigencia, el presidente del organismo y juez ponente en el tratamiento de estas demandas, Alfredo Ruiz, convocó ayer a la audiencia pública para que las partes expongan sus reparos. Esta tardó poco más de cuatro horas.

En total, 33 personas suscribieron las demandas presentadas entre diciembre del 2015 y enero pasado, pero trece intervinieron con el pedido de que se declaren inconstitucionales. Del Gobierno acudieron Vicente Peralta, subsecretario jurídico de Carondelet; Francis Abad, representante jurídico de la Asamblea; y Jimmy Carvajal, de la Procuraduría del Estado, para defenderlas.

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Entre los demandantes, Geovanni Atarihuana, dirigente de la Unidad Popular, anunció que presentó ayer una recusación a Ruiz, porque es su derecho tener un “juez imparcial”.

Él increpó que el magistrado “ya se pronunció sobre la materia de esta demanda al haber votado a favor del auto de verificación de cumplimiento (del mecanismo de aprobación de las enmiendas realizado por el Legislativo) del 16 de diciembre”, por lo que es su derecho “tener un juez imparcial”.

Ruiz informó que aún no conocía esta recusación, pero que en ese caso, al ser él presidente de la Corte, quien tendrá que resolver este pedido será el pleno, como lo establece el artículo 176 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales.

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El contralor del Estado, Carlos Pólit, envió como representante de ese ente a Paola Gallegos, quien aseguró que existen vicios de forma y procedimiento a los artículos 211 y 212 de la Constitución, respecto a las competencias.

“Los asambleístas no tomaron en consideración al momento de escoger la vía para aprobar las enmiendas, que se modifica no solo la estructura de dichos artículos, sino la naturaleza y esencia del control gubernamental de los recursos públicos”, dijo.

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Roberto Andrade, secretario del movimiento político CREO, cuestionó que la enmienda sobre la reelección indefinida “violó los derechos de la ciudadanía” al aprobarse sin una consulta popular.

Desde el lado de los gremios sindicalistas, expusieron Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral, y Joaquín Viteri, por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quienes enfatizaron que la enmienda sobre la contratación colectiva “limita los derechos de los trabajadores”.

Vicente Peralta, del Ejecutivo, reprochó que estos sectores dicen que se “criminaliza la protesta social”, pero: “Con mucha paciencia hemos tolerado temas que están por fuera de lo que hemos sido convocados”.

Aseguró que la Corte determinó el “camino a seguir para aprobar este texto” y “estableció la constitucionalidad de todo lo que se había actuado”.

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Al final, Ruiz aclaró que no tiene plazo para emitir su dictamen tras la audiencia. (I)

33
personas suscribieron demandas contra las enmiendas.

Los dictámenes de la Corte son de acatamiento obligatorio. Y este no admite recurso alguno, porque entraríamos en un círculo vicioso. El dictamen es inapelable.