El segundo debate del proyecto de Ley de Cultura se inició este martes en el pleno de la Asamblea con varios cuestionamientos, entre ellos, a la propuesta de crear un impuesto a los cines.

El artículo 109 del texto establece el impuesto para el fomento de la cultura y las artes, cuya tarifa será “del 10% sobre la totalidad de las ventas de entradas de películas de producción extranjera en las salas comerciales de cines”.

El asambleísta independiente Ramiro Aguilar consideró “extremadamente grave” que dicho punto sea aprobado.

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Afirmó que el único que puede proponer o modificar un tributo es el presidente de la República, y que este no fue el caso, sino que la comisión responsable lo incluyó en el informe para segundo debate.

La vicepresidenta de la Comisión de Educación y ponente del proyecto, Ximena Ponce (AP), aseguró que el tributo busca ‘fomentar’ la cultura y artes nacionales, y dedujo que las críticas responderían a una “disputa ideológica”.

Al respecto, su coideario Armando Aguilar expuso: Es “pertinente que aquel negocio (el cine) que se sustenta en promover no la cultura precisamente de nuestro país, aporte para el desarrollo de proyectos culturales”.

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Explicó que no se trataba de un impuesto, sino de una ‘contribución’, “porque no es de carácter general, es de carácter específico”.

Y alegó que los recursos que se obtengan irán en beneficio del arte ecuatoriano.

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Ponce destacó que el proyecto de ley contemplaba otras disposiciones para ‘fomentar’ a la industria nacional, como la exención del IVA y la exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta en ciertos casos de ‘emprendimientos’.

Durante la discusión hubo reparos hacia otros puntos del texto, como ciertas atribuciones del Ministerio de Cultura e Instituto de Patrimonio Cultural, y la elección y conformación de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Luego de tres horas de plenaria, la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado (AP), la suspendió. Deberá convocarse a una nueva sesión.

La aprobación de esta ley es la única pendiente de los 15 proyectos que la Constitución dispuso al Parlamento aprobar, en su primera transitoria. Allí daba un plazo de 120 días contados desde la vigencia de la carta, en octubre del 2008. (I)

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