Unos dicen que contratan un seguro privado de salud para una atención con un menor tiempo de espera de los dos, cuatro, seis meses que deben aguardar en la red pública por una consulta o un examen. Otros afirman que es “un mal necesario” frente a los costos elevados o hay quienes lo pagan pese a que también aportan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dentro del marco de la norma constitucional que asegura que la seguridad social es universal, obligatoria y pública, por lo que no podrá privatizarse.

En este último caso está la familia de Pedro (nombre protegido), quien a más de aportar al IESS tiene también un seguro privado. Su esposa Nathaly, quien no quiso dar su apellido, cuenta que prefiere llevar a su hijo de 3 años al pediatra de las unidades de medicina prepagada Veris: “En el IESS usted se va y le dan es paracetamol y nunca le dan un diagnóstico como se debe”, comenta. Fernando Torres, de 63 años, dice que lleva veinte años como afiliado al IESS, pero se atiende desde hace cinco años en la red privada de Salud S.A., ya que su esposa dispone de ese servicio.

En su caso paga $ 11,40 por una consulta que le hubiera costado $ 80 si no tuviera el seguro privado. Por la operación de una hernia umbilical que costaba $ 1.200 pagó $ 400 y el seguro privado cubrió $ 800. Se trata de una contraparte, un excedente no cubierto por la compañía de medicina prepagada.

Publicidad

El proyecto de Ley Orgánica de Incentivos Tributarios, aprobado en segundo debate por la Asamblea Nacional a inicios de este mes, determina que el IESS cubra este copago siempre y cuando el paciente sea derivado de las unidades de salud de esa entidad para que sea atendido en el sector privado.

Sin embargo, el financiamiento de esta contraparte implicaría el uso del cupo contratado que el afiliado tenga con su aseguradora privada o empresa de medicina prepagada.

La Ley Orgánica que regula el funcionamiento de las compañías de salud prepagada –aprobada en segundo debate por la Asamblea en agosto último– establece en su disposición general quinta que el IESS o el MSP, según sea el caso, cobre a esas empresas por la atención de quienes tienen un seguro particular y hayan sido derivados de la red pública al sistema privado, según corresponda el monto de lo contratado.

Publicidad

El veto parcial del Ejecutivo, enviado el 8 de septiembre pasado a la Asamblea, plantea ampliar este reembolso para que se dé incluso cuando la atención se haya brindado en la misma red pública de salud.

Lea también: Richard Espinosa: Ley permite cobrar a las aseguradoras

Publicidad

En entrevista con este Diario, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, lo explica así: “El privado digamos que tiene una póliza que cubría hasta $ 5.000. Si ese afiliado es atendido, por ejemplo, en el (hospital) Carlos Andrade (del IESS en Quito) y la operación costó $ 15.000, nosotros le pasamos la factura al privado sobre los $ 5.000 menos la prima (copago de los afiliados que cubriría la entidad)”.

De hecho, dice Espinosa, en el IESS se prepara una herramienta tecnológica que permita tener actualizada una base de datos con el número de personas afiliadas al IESS que tienen un seguro privado de salud.

El informe de la Dirección Actuarial y de Investigación del IESS presentado a la Asamblea durante el debate del proyecto de Ley de Incentivos Tributarios determina que el 44% de las 939.859 personas que tenían seguros médicos privados en el país, en 2014, también era afiliado al IESS. Y que de los que tienen ambos seguros, alrededor de 111.345 fueron atendidos en las unidades de la entidad o por prestadores externos tras ser derivados, a un costo de $ 71’456.088,24.

Omar Serrano Cueva, exmiembro del Consejo Directivo del IESS, considera que la decisión de usar determinado seguro según las condiciones de cada uno debe quedar a libre disposición del afiliado que aporta o paga finalmente por ambos, más allá de que el privado se lo cubra su empleador: “Ahora que el seguro social pueda tener acuerdos de distinta índole con las aseguradoras privadas todo eso es perfectamente válido, pero en la medida en que no se atropelle ningún derecho de decisión del afiliado o del usuario que en este caso elige un seguro privado”, dice.

Publicidad

La Ley de Incentivos Tributarios establece además un incentivo para que las empresas adquieran seguros privados a su nómina completa. De hacerlo, podrán realizar una doble deducción para el cálculo del impuesto a la renta, según el veto parcial del presidente Rafael Correa enviado el viernes pasado a la Asamblea Nacional.

Daniel Baquerizo, gerente de Marseguros, considera este incentivo como positivo, pero cree que la medida no tendrá el efecto esperado porque las empresas tendrían que aumentar sus gastos en una circunstancia actual de bajos ingresos.

Lea también: IESS se endeudó por $ 80 millones en el exterior

Rafael Avilés, gerente de la aseguradora Ecuaprimas, afirma que las reformas planteadas para el sector, como el alcance de las coberturas obligatorias y la de reembolsar a las públicas las prestaciones de sus afiliados, son condiciones que “podrían afectar a la estructura de las pólizas y contratos de medicina prepagada, especialmente en lo que tiene que ver con las tarifas que se incrementarían en perjuicio de los usuarios y de los deducibles (el copago)”.

Patricia de Ramírez, de 62 años, es afiliada voluntaria del IESS con un pago de $ 86 al mes, pero también paga $ 230 mensuales para atenderse en Salud S.A. En su caso, la pierna derecha quedó paralizada en enero pasado. Al día siguiente fue al dispensario del IESS que está en la zona de la Bahía, en Guayaquil. Cuenta que el 4 de enero le dieron una orden para una resonancia para el 26 de junio. “Me la hicieron y tengo cita para el 28 de octubre, entonces tengo que buscar un aparte así para poder (atenderme)... A mi edad tengo que buscar el resultado preciso, oportuno”, dice.

Carlos Sánchez, de 48 años, también es afiliado al IESS, por lo que le descuentan de $ 280 a $ 300 según el ingreso que obtiene. Cuenta que para tener una cita en Traumatología en esa entidad, por un dolor en un brazo, tuvo que esperar cinco meses. “Un día antes de mi cita me llamaron a decir que había sido postergada para una nueva fecha después de tres meses, obviamente yo mandé al diablo a la persona que me llamó”, asegura. “Es un mal necesario este tipo de servicio (el privado)”, en referencia a que la aseguradora, según dice, le sube el 15% o hasta el 20% en las mensualidades sin previo aviso y sin que justifique el aumento, agrega. (I)