A la jueza de la Unidad Penal de Pichincha, Ana Cevallos, le tomó casi quince minutos preparar su dictamen, con el que negó una acción de protección que planteó el capitán de la Marina, Jorge Zambrano, en contra de funcionarios y asambleístas del Gobierno, por el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que se debate en la Asamblea.

El oficial recurrió a este recurso porque, a su criterio, no se permitió a los militares en servicio activo expresar sus inquietudes sobre el proyecto, y se “afectaron sus derechos a la libertad de expresión, de participación, de asociación”, explicó su abogado, Xavier Mejía.

Por ello, demandó al ministro de Defensa, Ricardo Patiño; y, los legisladores oficialistas que son miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores del Parlamento.

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En defensa del Ministerio acudió el subsecretario jurídico de Carondelet, Vicente Peralta; y por los legisladores, Francis Abad, quienes insistieron que no se afectaron sus derechos.

En tanto, los representantes legales de los legisladores Cristina Reyes (MG-PSC) y de Gosozo Andrade (Avanza) se allanaron al pedido de Zambrano.

En la diligencia, la exposición de los alegatos tomó más de dos horas; y en ella, la magistrada pidió a las partes y a los asistentes que pusieran sus celulares sobre su escritorio.

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Cevallos resolvió que el oficial no presentó medios probatorios de los derechos vulnerados, y que es “improcedente”.

Una acción similar fue planteada por el mayor del Ejército José Intriago. Fue desechada el jueves pasado. (I)