Catorce testigos tenían previsto rendir ayer versiones en la audiencia en la que se tramitó la denuncia del secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), René Ramírez, en contra del candidato presidenciable de CREO, Guillermo Lasso, por una supuesta falta a la honra de su esposa, Ana Minteguiaga.

El aspirante se habría referido a una investigación periodística de un portal web en la que se indicó que Minteguiaga supuestamente cobraba dos sueldos como directiva y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Ramírez alegó el cometimiento de una contravención de cuarta clase, tipificada en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es sancionada con cárcel de quince a treinta días.

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La diligencia se instaló a las 14:20, en la Unidad Judicial de Samborondón.

Pero no asistieron los demandantes; en representación de Ramírez acudió su abogado, Caupolicán Ochoa.

Mientras, Lasso ingresó con sus tres abogados, Aparicio Caicedo, Francisco Jiménez y Mónica Vargas. Además de su esposa, María de Lourdes Alarcón, cuatro de sus cinco hijos y el director nacional de CREO, César Monge.

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Hasta las 18:30 de ayer, la jueza de Garantías Penales Nº 20, Paola Dávila, escuchó las versiones de ocho testigos, entre ellos un perito policial, la directora de Comunicación y el contador del IAEN.

La diligencia continúa hoy, desde las 08:00, con los otros testigos del caso.

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“Este es un nuevo modelo de represión utilizando el Código Orgánico Integral Penal para acallar las voces que representamos a la opinión de mayoría”, expresó Lasso, quien salió de la delegación junto a su comitiva y familiares.

Afuera de la Unidad Judicial de Samborondón, simpatizantes del precandidato gritaban consignas en contra del régimen. Con pancartas decían llegar de Pichincha, Azuay, Los Ríos, Esmeraldas y otras provincias para apoyar a Lasso.

Junto a los simpatizantes de CREO estuvieron autoridades afines a esa tienda política como el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, quien aseveró que él, Lasso y Monge son “perseguidos” por el régimen.

Del Pozo también enfrenta una condena de quince días de cárcel por supuestamente faltar a la honra del presidente Rafael Correa, quien usó la misma figura penal en su caso.

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“Es falso que nos estemos victimizando, esta es la estrategia del oficialismo para callarnos”, expresó el vicealcalde.

Por su parte, el asambleísta de CREO, Diego Salgado, criticó el accionar del régimen que, según él, acosa a los ciudadanos que “señalan alguna sospecha o irregularidades” y no a los servidores acusados, que son quienes deberían demostrar con pruebas que no es así. (I)

El poder que sostenían los revolucionarios Correa, Moreno y Glas se desvanece como arena entre sus dedos, por eso buscan encarcelarme e impedir que llegue un Gobierno del cambio.