El vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo (CREO), apelará la y acudirá a instancias internacionales para defender su derecho a expresar sus ideas ante la sanción en su contra por una denuncia de Rafael Correa.

El juez Máximo Ortega fijó 15 días de cárcel a del Pozo, que pida disculpas públicas y pague $ 90, aplicando el numeral 1 del articulo 396 del Código Integral Penal, por contravención de cuarta clase: “La persona que, por cualquier medio profieren expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Caupolicán Ochoa, abogado del presidente Correa, explicó que Del Pozo, el pasado 10 de junio, en un programa radial emitió expresiones injuriosas y en descrédito del mandatario; pues aseguró que el concejal dijo que Correa “ganaba juicios a dedo, no pagaba impuestos...; que sacaba su dinero” del país.

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(El concejal dijo) que el economista Rafael Correa ganaba juicios a dedo, no pagaba impuestos; por lo tanto, no tenía calidad moral para plantear un pacto ético, y que sacaba su dinero si no a paraísos fiscales, lo hacía a Bélgica.Caupolicán Ochoa, abogado del mandatario

Del Pozo sostiene que ejerciendo su derecho a la libertad de expresión concedió una entrevista sobre la coyuntura nacional y habló de manera general, “no he mencionado nombre alguno”.

Cree que se busca generar miedo y aseguró que no pedirá disculpas.

Su abogado, Vinicio Rosillo, dijo que su defendido tiene fuero provincial y debía ser juzgado por la Corte Provincial.

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Ochoa rechazó que el concejal pretenda convertirse en víctima política luego de haber cometido una contravención y afectado el honor y la honra del mandatario.

No he proferido ni he insinuado ofensa, descrédito o deshonra a ningún funcionario público; es más no he mencionado nombre alguno en dicha intervención, sin embargo, el señor Rafael Correa, se ha sentido aludido.Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito

Explicó que la contravención cometida es de carácter penal, porque en la grabación de la entrevista no se refiere a diferencias de carácter ideológico o políticas de carácter estatal, sino una lesión directa que afecta a la personalidad y el buen nombre de un ciudadano.

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Lo que buscaría el concejal –agregó Ochoa– es establecer una coartada al señalar que nunca nombró o se refirió al mandatario en su entrevista. Y señaló que el fuero de Corte no cabe en el caso del concejal, sino para el alcalde. Y que el 10 de junio, este no era alcalde. (I)