El bloque de mayoría oficialista de Alianza PAIS (AP) en la Asamblea Nacional aprobó este jueves una resolución en la que rechaza todas las formas de golpe de Estado o desestabilización política que se puedan instaurar en los países latinoamericanos, con la finalidad de violentar las democracias y debilitar la soberanía popular, al tiempo de rechazar la destitución de Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil.

La resolución fue presentada por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP), quien manifestó que lo que está en juego es el futuro de la "Patria Grande", que los ecuatorianos recuperaron el parlamento de las "garras" de la patridocracia oportunista, que Rousseff ganó las elecciones con legitimidad, característica de la que -según dijo- carece la destitución realizada por el parlamento brasileño.

Rivadeneira agregó que la destitución de Rousseff fue sin pruebas, que es un golpe a la democracia brasileña y latinoamericana, que la democracia ha sido sometida a voluntad de las élites económicas, cámaras empresariales y el silencio "cómplice" de los medios de comunicación y que este hecho constituye un duro revés al proceso de integración de la región.

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Pero desde la oposición, Ramiro Aguilar (ex SUMA) aseguró que la acción del parlamento brasileño es legítima, que los congresos son hechos para legislar y fiscalizar. Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) indicó que la Asamblea no puede condenar el sistema democrático y político de Brasil, no se puede condenar resoluciones constitucionales de otro país.

El debate de este proyecto de resolución se realizó con las constante interrupción de los gritos de las barras altas cuando intervenían los asambleístas de oposición y aplausos cuando intervenían los legisladores del oficialismo. La resolución fue aprobada con 84 votos afirmativos, 22 negativos y 6 abstenciones.

Antes de esta resolución, con 77 votos en contra, la mayoría oficialista se negó a incluir en el orden del día una resolución para exhortar a las autoridades del Ministerio de Educación para que se respeten los derechos constitucionales en el proceso administrativo que se lleva en contra de la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentada por Milton Gualán (Pachakutik - MPD) (I).

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