Michel Temer será juramentado este miércoles como presidente de Brasil, después de que fuera destituida Dilma Rousseff con votación de la mayoría absoluta del Senado, anunció el presidente del Congreso Renan Calheiros.

Será el hasta ahora presidente interino (PMDB, de centro-derecha), de 75 años, quien asumirá la presidencia por lo que resta de periodo hasta 2018.

El acto de juramentación se realizará a las 16:00 locales (19:00 GMT) en el plenario del Senado. Temer tiene previsto luego viajar a China para participar de la cumbre del G20.

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En mayo Temer asumió como presidente interino luego que el Senado suspe ndió a la mandataria. Temer, de 75 años de edad, designó un gabinete integrado exclusivamente de hombres blancos, una decisión fuertemente criticada en un país donde más de la mitad de la población no es blanca. Tres de sus ministros fueron obligados a renunciar a las pocas semanas de asumir sus cargos debido a acusaciones de corrupción, que también ensombrecen a Temer y amenazan su presidencia.

Cuando Temer anunció la apertura de las Olimpiadas el 5 de agosto, fue abucheado con tanta fuerza que se mantuvo lejos de la luz pública por el resto del evento.

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Los aliados de Rousseff han prometido apelar la decisión ante la Corte Suprema. Aunque recursos judiciales anteriores no lograron frenar el proceso de impugnación, por lo menos las batallas legales mantendrán el tema en el candelero.

Panorama

Temer, que ha servido como presidente interino desde que en mayo comenzó el juicio en el Senado, se ha comprometido a impulsar una economía que acumula seis trimestres consecutivos contrayéndose y a poner en práctica medidas de austeridad para tapar un déficit presupuestario récord, que costó a Brasil la calificación de grado de inversión el año pasado.

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Este miércoles, el Gobierno dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 0,6% en el segundo trimestre, colocando a la economía en camino a su mayor y más dura recesión en más de un siglo.

Pese a todo, las expectativas de que el estancamiento político pueda acabar pronto tras la salida de Rousseff ayudaron a impulsar la inversión, que se expandió en el segundo trimestre por vez primera en tres años.

El Senado se disponía a votar más tarde el miércoles si se le prohíbe a Rousseff ejercer cargos públicos por ocho años.

Según la Constitución, una presidenta destituida puede perder sus derechos políticos por ocho años, lo que le impediría ocupar cualquier puesto en el Gobierno e incluso enseñar en las universidades. (I)

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