Luego de que se conoció que la Fiscalía General inició el proceso de indagación previa contra el superintendente de Comunicación, por la sospecha del delito de falsificación y uso de documento falso, planteada por Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha, esta Superintendencia (Supercom) advirtió que “estamos impedidos de difundir” detalles de la investigación durante esta etapa, pues aquello es castigado con prisión por tres años, según el Código Penal, y se violaría la Ley de Comunicación.

Ramiro García, presidente del gremio de abogados, divulgó la noche del martes la resolución judicial en su cuenta de Twitter, en donde señala que la autoridad debe acudir a rendir su versión el 1 de septiembre.

La Supercom asegura que cumplirá “oportunamente con todas las diligencias y solicitudes que se formulen en el marco de esta indagación previa.”.

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La denuncia se dio porque ese organismo difundió 300 mil ejemplares de la Ley Orgánica de Comunicación, con la transitoria sexta corregida en su contenido. (I)

86
mil dólares destinó la Superintendencia de Comunicación para imprimir 300.000 ejemplares de la Ley.