Liquidación de UNE se inicia con el análisis de sus cuentas

El proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se ejecutará desde el jueves próximo con la presencia en su sede de una Comisión de Liquidación, integrada por el Ministerio de Educación, que empezará con el análisis de sus estados financieros.

El ministro del ramo, Augusto Espinosa, explicó ayer que dicha comisión tendrá un cronograma de 90 días para disolver financiera y jurídicamente a la organización, que agrupa a los docentes del país, por lo que desde ayer se esperaba solicitar sus informes financieros, sobre todo los de los últimos cinco años, pues “nunca se han entregado”, reclamó el funcionario.

Ayer, en un encuentro con la prensa, Espinosa se respaldó en diapositivas para sustentar el proceso jurídico por el que se desaparecerá a este gremio por presuntamente incumplir con su estatuto interno.

Ahí explicó que dicha instancia hará un análisis del patrimonio, los activos y pasivos, y en los que la UNE deberá “responder preguntas como quién y cómo manejaba la cuenta única; cómo manejaban los ingresos por cuotas, arrendamientos; quién manejaba los activos corrientes; quiénes son los acreedores, los trabajadores”, dijo.

En esta coyuntura, según relató Espinosa, hasta el ministerio han llegado “cientos” de maestros del país a reclamar por cobros que habría hecho la UNE, sin su autorización, pero que ahora, con la intervención del Gobierno, podrán recuperarlos, dijo el ministro, pues “quienes se crean acreedores pueden registrarse, y en la liquidación recibir los pagos que correspondan. La fuente serán los activos corrientes o fijos”.

Aunque el colectivo tiene 15 días para apelar la decisión, ello “no suspende la aplicación de la resolución”, según el artículo 189 del Estatuto de régimen administrativo de la Función Ejecutiva, sostuvo Espinosa.

Por su parte, la presidenta de la UNE, Rosana Palacios, rechazó las declaraciones del ministro y aseguró que esta comisión “no se apega al artículo 56 de la UNE”.

Insistió que ese mismo jueves, a las 16:00, emprenderán una movilización en Quito en rechazo a la medida.

No sé en función de qué es la movilización, esto es solo un pretexto que adoptarán; con la Comisión se estableció un plan para que en 90 días el informe esté terminado.