La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió el jueves pasado al Estado ecuatoriano un pedido de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas al exasambleísta Cléver Jiménez y a los activistas Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, en el 2014.

La CIDH tomó esa resolución tras la sentencia por supuestas injurias en contra del presidente Rafael Correa.

Villavicencio compartió ayer en su cuenta de Twitter la notificación del organismo, suscrita por el funcionario Mario López-Garelli.

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“Me permito reiterar las medidas cautelares otorgadas a favor de Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa, y otro de Ecuador... Por tanto, solicito al Gobierno de su excelencia tenga a bien informar sobre las acciones adelantadas para implementar las presentes medidas cautelares dentro del término de 10 días contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación”, señala el documento.

Hace dos años, la CIDH pidió al Estado que “suspenda inmediatamente los efectos de la decisión emitida por la Corte Nacional, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual”.

En ese proceso, Jiménez y Villavicencio fueron condenados a 18 meses de prisión, pero estuvieron prófugos hasta que la pena prescribió; en cambio, Figueroa fue sentenciado a 6 meses y sí la cumplió.

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Los tres fueron sentenciados, además, al pago de una indemnización de más de 145.000.

Como no la cancelaron, está en marcha un proceso por insolvencia en su contra planteado por Correa.

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Y también está en trámite una denuncia por supuesto hackeo a los correos del mandatario. (I)