Se había anticipado un panorama económico difícil y la necesidad ‘indispensable’ de tomar medidas duras que serían “traumáticas en corto plazo”, pero que las mejoras se verían en el segundo semestre y hasta se reduciría la inflación. Con esos escenarios y expectativas asumió la Presidencia de Argentina Mauricio Macri, el pasado 10 de diciembre.

Ocho meses después aún no logra despegar el plan de Macri para reactivar la economía y las reformas con las que busca afrontar el déficit fiscal heredado de los doce años del kirchnerismo, que cerró el 2015 con registro récord en las últimas décadas, 7%.

Macri recibió ayer un nuevo revés cuando la Corte Suprema de Justicia le ordenó suspender el brusco ajuste en la tarifa del gas. El Gobierno quedó en desconcierto por el golpe a una medida que considera clave para cumplir con su plan de reanimación económica.

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Hubo una caída generalizada de las acciones energéticas tras la decisión judicial al llamado tarifazo.

El costo de no asumir los ajustes tarifarios era “terminar siendo Venezuela”, según el Gobierno, publicó clarin.com.

El alto tribunal ordenó celebrar audiencias públicas con la participación de consumidores, un trámite que el Gobierno de centroderecha se había salteado para aplicar en abril pasado ajustes de electricidad, gas, agua y transporte desde 200% hasta 2.000%, para reducir el déficit fiscal. El régimen anunció que mantendría la tarifa social. Esos aumentos atizaron una inflación que ya supera el 40% anual, publicó AFP.

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Las protestas arreciaron y llovieron amparos judiciales suspendiendo la aplicación de las alzas en tarifas en el país.

Fallos en julio y en agosto frenaron en una primera instancia los ajustes para el gas y el agua. El Gobierno apeló y de esta forma llegó a este fallo la Corte.

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“Estamos convocando a audiencias públicas en el tiempo más breve que permite la ley, que es tres semanas”, dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Ese es uno de los errores que expertos atribuyen al Gobierno al no anticiparse a la exigencia de las audiencias públicas.

El fallo podría abrir la puerta para que pase lo mismo con el tema de la electricidad, dijo Santiago Urbiztondo, jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. “Tendrá un costo considerable en términos fiscales, de

$ 700 millones por los diez meses que no se cobrará el aumento, que era necesario para que las empresas pudieran volver a moverse”, afirmó Emilio Apud, exsecretario de Energía.

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Con el “sinceramiento tarifario”, Macri busca aliviar el costo que suponía para el país los subsidios de la era kirchnerista.

Las tarifas del kirchnerismo mantenidas artificialmente a costa de subsidios del Estado llevaron a límites extremos el déficit de las cuentas públicas, al tiempo que desalentaron la inversión y la producción energética, publicó La Nación.

Entre 2006 y 2015, el kirchnerismo gastó el equivalente a $ 139.000 millones en subsidios a la energía y el transporte, lo que representa el 22% del PBI del 2015. Lo más grave es que gran parte de esos recursos ni siquiera fueron a los sectores sociales de menos poder adquisitivo, indicó el medio.

Miguel Kiguel, director ejecutivo de Econ Views Kiguel, en el marco del Congreso Económico argentino de marzo pasado, destacó el fin del cepo cambiario y la negociación con los holdouts como algunas de las medidas más importantes que debía tomar el nuevo Gobierno. “Si no se tomaban, la economía iba a seguir en crisis. No había otro camino para que la economía vuelva a crecer en el segundo semestre”, afirmó al portal ambito.com.

No obstante, el descontento no ha cesado en las calles, al alza en las tarifas de servicios se han sumado las protestas contra la ola de despidos.

Un sondeo de La Nación de junio pasado mostró que el 42% de encuestados califica la situación del país como negativa.

“Estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Nos llevará cinco o seis años, pero lo importante es que ya comenzamos”, dijo Macri un día antes del fallo. (I)