La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, irá personalmente al Senado el próximo 29 de agosto para defenderse durante el juicio de destitución que dejó su mandato al borde del abismo.

"Ella va", dijo escuetamente este miércoles un portavoz de la mandataria, que está suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, que conducirá el proceso, detalló que Rousseff podrá comparecer ante el Senado el 29 de agosto, cuatro días después de iniciada la fase final del impeachment, que se estima durará cinco días como máximo.

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El presidente del Senado, Renan Calheiros, anticipó este miércoles en la mañana que la votación podría realizarse al día siguiente de la presentación de Rousseff.

Acusada de haber violado la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso, el mandato de Rousseff tambalea. Derrotada holgadamente en todas las votaciones desde que fue aceptado el proceso de destitución el 2 de diciembre del 2015, existe un amplio consenso entre los senadores de que no conseguirá salvar su cargo.

Consultada por el diario Folha de Sao Paulo acerca de si no temía actitudes agresivas de los senadores, Rousseff dijo: "Nunca tuve miedo de eso. Aguanté tensiones bien mayores en mi vida. Es un ejercicio de democracia".

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Rousseff, una economista que luchó contra la dictadura, fue encarcelada y torturada cuando militaba en una guerrilla marxista, hizo el martes último un agónico llamado al Senado en una carta abierta para que ponga fin al impeachment en nombre de la democracia y afirmó ser "inocente" de los cargos.

Sumergida en la impopularidad, es responsabilizada de la recesión económica que vive Brasil, la peor desde los años 30 si se corroboran las proyecciones oficiales, y la inestabilidad política que sumió al país en la incertidumbre.

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El Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Luiz Inácio Lula da Silva y en el que milita Rousseff fue golpeado de lleno por acusaciones de corrupción derivadas de un monumental fraude a la estatal Petrobras.

Poco después de Rousseff divulgara su carta, la Corte suprema de Justicia aceptó abrir la primera investigación formal sobre la mandataria para dilucidar si intentó obstaculizar la investigación de Petrobras, que tiene en la mira a Lula y llevó a prisión al tesorero del PT, a varios directivos de la petrolera y a empresarios de las mayores constructoras de Brasil. (I)