Multas que van desde uno a diez salarios básicos unificados, hasta la suspensión de la frecuencia y operación, es lo que podrían enfrentar las operadoras que plegaron a la paralización del servicio transporte, la mañana del lunes último, en demanda de un incremento en el costo de los pasajes interparroquiales hacia zonas como Tumbaco, Puembo, Tababela, Guayllabamba, Cumbayá, entre otras ubicadas al nororiente de la capital.

El secretario de Movilidad del Municipio de Quito, Darío Tapia, confirmó que se han iniciado los procesos administrativos correspondientes en contra de las operadoras que paralizaron este servicio público. Según el funcionario, existe un contrato de operación y la Ley Orgánica de Tránsito que estipula sanciones si se paraliza este servicio.

La mañana del lunes, transportistas del servicio intraparroquial que cubren diversas rutas hacia el nororiente de Quito realizaron un plantón para exigir un alza del 20% en el costo de los pasajes. Ante la falta de buses en la estación Río Coca, al norte de la urbe, miles de usuarios afectados se valieron de diversas formas de movilización para llegar a sus destinos.

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Dirigentes de los manifestantes justificaban la medida explicando que llevan más de una década cobrando la misma tarifa (0,25), mientras que en los costos por mantenimiento de sus unidades sí ha habido incrementos.

Tapia, luego de tener una reunión con dirigentes del transporte -la mañana del lunes- aseguró que no aceptarán presiones de ningún tipo y peor paralizaciones. Agregó que al ser ilegal la paralización del servicio de transporte público, se tomarán las "medidas necesarias para sancionar este hecho".

Probables acciones administrativas

El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, consultado sobre si la paralización del servicio público de transporte amerita el inicio de una investigación, él aclaró que "si hay una paralización de un servicio público, evidentemente se tiene que investigar, pues es un hecho prohibido por la Ley".

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La fiscal Distrital de Pichincha, Thania Moreno, explicó que por el momento no existe ninguna investigación aperturada por el caso, pero informó que ha ordenado recabar la mayor información para definir lo que sucedió, "la noticia criminis que se llama", y a partir de ello continuar con el proceso.

Hasta el momento ninguna de las siete operadoras que participó en la acción para exigir el alza de pasajes ha sido notificada con el inicio de alguna acción judicial o administrativa, dijo Héctor Silva, gerente de la Sociedad de Empresas de Transporte Nororientales del Valle de Tumbaco (Sotranor).

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Silva afirma que en el momento en que lleguen las notificaciones de procesos, no solo defenderán su postura sino también el derecho constitucional a la resistencia.

Los transportistas aspiran a que en la próximo sesión del Concejo Metropolitano, fijada para el 11 de agosto, las autoridades del Municipio de Quito resuelvan el tema. (I)