Contraloría del Estado pide que ya no se pague el sueldo a legisladora

La Contraloría General del Estado consideró “imperativo” que la Asamblea suspenda el pago de las remuneraciones a la legisladora Esperanza G., quien está detenida acusada del delito de cohecho.

Desde que fue detenida en mayo de 2015, la legisladora que era de Alianza PAIS (AP) no dejó de cobrar su sueldo de $5.009 más compensaciones adicionales, que hasta el 31 de diciembre de 2015 sumaron. 

$ 32.369,49, incluidos los valores de pago a su alterno, según consta en un examen especial, aprobado por la Contraloría el pasado 15 de julio, en el que se analizó la gestión administrativa del Parlamento.

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) suspendió temporalmente el pago de sus remuneraciones, luego de conocer la lectura del informe borrador de la Contraloría, que en sus conclusiones advierte “como imperativa la necesidad de suspender estos pagos que hasta la fecha viene percibiendo” la asambleísta.

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, ha dicho antes que no existía sentencia ejecutoriada que dé paso a suspender el pago.

Pero la Contraloría sostiene en su informe que el artículo 113 de la Ley de la Función Legislativa establece que “los asambleístas laborarán ordinariamente...” y que “a pesar de no existir una sentencia ejecutoriada en firme, no puede cumplir con la jornada laboral de trabajo de por lo menos 40 horas semanales de asistencia al pleno, a las comisiones, y otras actividades (...), por encontrarse privada de la libertad”.

Recomienda que se emita una resolución en la que se prevea que por faltas graves e injustificadas de los legisladores, consideradas como imprevistas, se suspendan temporalmente los pagos de sueldos. Y que los departamentos administrativos del Legislativo detallen asistencias y retrasos y elaboren informes, y según el caso, se apliquen sanciones.

Ramiro Román, abogado defensor de Esperanza G., increpó que la causa judicial sigue en acción, por lo que no debe suspenderse el pago de haberes: “No hay cosa juzgada, y sigue siendo asambleísta. Es un efecto político, sin sustento legal. Se pretende políticamente decir que no se pague”.

En el interior de la Asamblea ayer hubo coincidencias en que debe devolverse el dinero.

El oficialista Gabriel Rivera dijo que la Contraloría es la que debe establecer si la devolución sería a cargo de la persona que lo recibió o del pagador.

Wilson Chicaiza (CRE) dijo que si un trabajador público o privado no trabaja dos o tres meses es un despedido automático y “acá argumentando un vacío legal le siguieron pagando”. Consideró una negligencia administrativa de la Asamblea y que “debería haber sanciones o glosas para quienes administran la Función Legislativa y el informe de Contraloría debería establecer esas sanciones”.

Para Luis Fernando Torres (cambio-PSC), en un próximo informe el organismo de control podría establecer en ese caso responsabilidades civiles o administrativas. (I)

El CAL deberá tomar cartas en el asunto. Están confundiendo lo administrativo con lo penal. Políticamente hacen cualquier cosa. Es una decisión política de la Contraloría.Ramiro Román, defensor