Permítame referirles un problema que podría parecer cansino a quienes me he dirigido más de una vez, por redes sociales, cartas, pero las injusticias deben ser escuchadas y reparadas.

Habiendo pasado por tres operaciones derivadas de un cáncer al seno, y aneurismas cerebrales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social me otorgó la jubilación por invalidez. Antes de acceder a esta prestación legal presenté la petición de retiro voluntario para acogerme a la jubilación por invalidez ante el representante de mi empleador, institución que para ese entonces (2012) pertenecía a las Fuerzas Armadas y adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. Como consecuencia de mi petición efectuada al amparo de los artículos 47 J, y 129, de la Losep; y 285 y 288 reformado, del Reglamento General de la Losep que accedía a la compensación económica por mis años de servicio en el sector público –en total era un poco más de 15 años–, el representante de mi empleador me negó mis derechos fundamentales; soy persona con discapacidad y padezco dos enfermedades catastróficas, sin embargo, me privaron de acceder a una vida digna. Presenté una acción constitucional de protección a mis derechos fundamentales y fue resuelta a mi favor luego de tres años de litigio y jueces ordenaron que me cancelen inmediato la bonificación por retiro voluntario, para poder acogerme a la jubilación; bonificación que asciende a $ 15.227,14, pero no recibo el pago.

Estoy cansada, enferma, por tanta injusticia y espera por una bonificación económica que me ayudaría a solventar los gastos de mi enfermedad y optar por una vida digna, que no he podido lograr por la indolencia y deshumanización de ciertos funcionarios, por las contradicciones que se ve que de parte del Gobierno hay ofrecimientos de millones de dólares para emprendimientos y otras actividades, pero para cancelar una bonificación ordenada por jueces constitucionales no se dan facilidades.(O)

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Ligia Eugenia Caicedo Antepara, doctora en Odontología, Guayaquil