La Corte Nacional de Justicia decidirá el miércoles en audiencia si vincula o no al caso que investiga la presunta "detención ilegal, tormentos corporales y asesinato" de Arturo Jarrín, ocurrido en 1986, al expresidente panameño Manuel Antonio Noriega y a los exuniformados ecuatorianos Fausto P., José V., Oswaldo M. y Pedro C..

El pedido de audiencia lo hizo, el pasado 22 de junio, el fiscal general, Galo Chiriboga, a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Silvia Sánchez, pues existirían nuevos datos que hacen presumir a la Fiscalía la intervención de estos en el delito que se investiga.

La norma sobre vinculación a la instrucción señala que "si hasta antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal, aparecen datos de lo que se presume la autoría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, la o el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción".

Publicidad

El documento en el que se define la audiencia para las 15:00 del miércoles, indica que se notifique del hecho a Noriega, quien se encuentra internado en el Centro Penitenciario El Renacer, corregimiento de Ancón, en Panamá. El exdictador cumple sentencia por 60 años por delitos como asesinato, desaparición y violación de derechos humanos.

El 29 de junio pasado, un exagente de inteligencia del G-2 de las Fuerzas de Defensa de Panamá que participó en la detención de Jarrín en 1986, mediante testimonio anticipado como testigo protegido, aseguró que la víctima, quien era parte del grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, fue entregada en Panamá con vida al Ejército ecuatoriano.

El exagente habría entregado a la Fiscalía un documento con información relevante respecto a la detención de Arturo Jarrín. La información habría sido proporcionada al testigo por el entonces jefe de inteligencia panameño, coronel Bernardo Barrera. El documento ingresó en la cadena de custodia de la Fiscalía para realizar las pericias necesarias.

Publicidad

Durante su declaración, el sexto testigo protegido de la Fiscalía manifestó que fue el propio Manuel Antonio Noriega, siendo presidente de Panamá (1983-1989), quien dio la orden al jefe del G-2 para que se detenga a Arturo Jarrín. El exagente afirmó que luego de ser detenido Jarrín fue entregado a tres representantes del Gobierno ecuatoriano en Panamá, entre ellos el entonces agregado militar en ese país, Rubén P.

Involucrados en este caso como el excomandante de la Policía, general Édgar V., permanecen desde el 2013 en Estados Unidos, pese a que existe en su contra un pedido de extradición que aún no se resuelve. Un total de trece personas hacen parte de la lista de investigados en este caso.

Publicidad

La audiencia de vinculación se realizará en la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito. (I)