La teoría oficial dice que aunque esa única célula se encuentra desde 1999 a 8.000 km de distancia, fue la que se implantó y alteró a otras 60.000 para que intenten desestabilizar el sistema. Ahora se busca “desterrarlas”, así como “extirpar de raíz” a la célula que logró tornar en caos el orden establecido, aunque haya sido por unas horas.

“Vamos a desterrarlos de manera tal que (...) ningún otro traidor, ninguna organización terrorista clandestina, o grupo terrorista separatista tendrá la audacia de traicionar a Turquía”, declaró el pasado martes el primer ministro Binali Yildirim, en referencia a los soldados, policías, jueces y profesores que han sido suspendidos, privados de salir del país, detenidos o están bajo investigación por ser “partidarios” del clérigo Fethullah Gülen.

Gülen es la célula a la que se acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado que este país vivió la noche del pasado 15 de julio, que dejó 246 muertos y que hasta el miércoles último mantenía a 10.937 personas arrestadas y a 2.185 heridas.

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Con el argumento de la traición a Turquía, en una entrevista con CNN, el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que volvería a introducir la pena de muerte para castigar a los conspiradores si contaba con el respaldo del Parlamento. El partido opositor al de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan ya ha dicho que votaría a favor.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, deploró el anuncio. “Urjo al Gobierno turco a no volver a tiempos pasados en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere”, concluyó.

La pena de muerte fue abolida en Turquía en 2004 como parte de las gestiones del país para integrarse a la Unión Europea (UE). Esta semana, funcionarios europeos indicaron que una marcha atrás en este asunto pondría fin de manera efectiva al proceso de entrada y le recordaron a Turquía que por sus compromisos en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y como miembro del Consejo de Europa está llamado a no reintroducir la pena capital.

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Pero para no entrar en conflicto con sus obligaciones internacionales, el viceprimer ministro turco Numan Kurtulmus informó el jueves que Turquía suspenderá la CEDH durante la vigencia del primer estado de emergencia a nivel nacional desde la década de los 80 que Erdogan impuso la noche del miércoles y que otorga mayores poderes al Ejecutivo, que podrá adoptar decretos con “fuerza de ley”, según la Constitución.

En otras palabras, una decisión que permitirá al Gobierno actuar con rapidez contra los instigadores del golpe.

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El artículo 15 de la CEDH reconoce a los gobiernos la facultad de derogar las obligaciones previstas en el Convenio “en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación”, aunque no autoriza ninguna derogación de los artículos 2, 3, 4 y 7 correspondientes al derecho a la vida, a la prohibición de la tortura, de la esclavitud y del trabajo forzado y al principio de No hay pena sin ley.

El analista Mauricio Gándara Gallegos, experto en Derecho Internacional, explica que en virtud de este último principio, no podría restablecerse la pena de muerte en Turquía. “La ley tiene que ser anterior, la pena tiene que ser establecida en una ley anterior al supuesto delito. No se pueden crear penas para después de cometido, sería un rompimiento con toda la estructura legal occidental a la que quiere ingresar”, señala en relación con la intención de Ankara de adherirse a la UE.

Sin embargo, el ex alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos José Ayala Lasso piensa que si Erdogan quiere restablecer la pena capital lo hará, aunque eso represente irse en contra de tratados internacionales suscritos.

Pese a estar cumpliendo un mandato para el que fue elegido democráticamente en 2014, Erdogan ha perdido su legitimidad por los abusos y tropelías que comete en el ejercicio del poder y ante estos escenarios, al no tener otras vías de expresión, los pueblos acuden a lo menos deseable que son los intentos de golpes de Estado, indica Ayala Lasso.

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La mecánica de los que no llegan a fructificar, explica, en última instancia favorece a los gobernantes a cuyo régimen se ha querido poner fin, aun cuando un sistemático abuso de poder haya propiciado el descontento popular. “La reacción internacional es en favor del mantenimiento de los principios democráticos de respeto de un mandato legalmente dado a una persona..., un intento de golpe de Estado suscita de inmediato la condena y debe ser así, eso es normal..., y como consecuencia de esa reacción la persona contra la cual se estaba produciendo un intento de golpe sale fortalecida y esto está pasando con Erdogan”, sostiene.

El pasado martes, la especialista en Turquía del Instituto Francés de Relaciones Internacionales Dorothée Schmid señalaba a la AFP que por esta nueva posición Erdogan tendría “poderes plenos, con una psicología de venganza y de control totalitario del país”.

En su primera entrevista desde que declaró el estado de emergencia, Erdogan manifestó que no hay un obstáculo que impida extenderlo más allá de los tres meses iniciales, en caso de ser necesario. Asimismo, remarcó que en breve se reestructurarán las Fuerzas Armadas y destacó que el Ejército tendrá “sangre nueva”.

Esto, añade Ayala Lasso, puede derivar en que esa fuerza pública llamada a servir a la nación se convierta en la fuerza pública de Erdogan cuyo gobierno mantiene una ofensiva contra los militantes kurdos en el sureste de Turquía, país que tiene al segundo ejército más numeroso en la OTAN con 411.000 efectivos.

En términos de seguridad mundial, Turquía mantiene preocupado a Occidente por su rol en la OTAN, el que tiene en el combate liderado por EE.UU. contra el autodenominado Estado Islámico y en los esfuerzos de la UE para frenar el flujo de refugiados desde Siria. (I)

Antes de nuestro gobierno, nosotros (Turquía) firmamos el compromiso de abolir la pena capital, pero las firmas pueden retirarse”.Tayyip Erdogan, Presidente turco