Con más de 140 mil habitantes y con una cartera vencida con el Banco del Estado, el Municipio de Quevedo, a través  del Concejo cantonal, resolvió en primera instancia, el 10 de mayo pasado,  la aprobación de la instalación de micromedidores para el cobro del servicio de agua potable y alcantarillado.

La propuesta de ordenanza causó malestar entre varios habitantes. Uno de ellos es Lincoln Reyes, quien presentó  un escrito en el que solicita una medida cautelar ante el Consejo de la Judicatura de Quevedo, con fecha 8 de julio, según consta en el documento, para suspender la propuesta de ordenanza por “violación a los derechos constitucionales”.

 En el escrito, Reyes detalla que la ciudad no cuenta con servicio de agua potable de calidad y que esta propuesta no ha sido socializada como establece la Constitución. “Es ilegal, no se puede cobrar por un servicio que no existe todavía. Sería como cobrar tasas para cruzar un puente que aún no se ha construido; como cobrar tasas (peaje) por utilizar una carretera que todavía no se construye. ¡Es inaudito!”, dice.

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Pese a que el 85% del sector urbano de Quevedo cuenta con cobertura del sistema de agua potable, aún se presentan dificultades en la red de este servicio como la presión, indica el alcalde Jorge Domínguez. Por ello el Concejo plantea mejorar la calidad del agua a través de estudios y una ordenanza para establecer los precios.

 Ángel Mora, concejal que votó en contra de la ordenanza, explica que la instalación de micromedidores sería “otra pérdida para la ciudad”, ya que varios años atrás se instalaron estos aparatos y “no sirvieron”. “En la ciudad no existen micromedidores y se cobra por este servicio de acuerdo con una tabla por sectorización”, anota.

Añade que desconoce si el GAD ha recibido alguna notificación legal sobre el tema de la medida cautelar que solicitó Reyes, y comenta que en Quevedo existen 24 mil usuarios que no cancelaban oportunamente, por lo que hay una cartera vencida de  más de tres millones de dólares.

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Sin embargo, el alcalde Domínguez, dice que la medida es únicamente aplicable una vez que entre en vigencia la ordenanza y afirma  desconocer el monto de la deuda por servicio de agua: “No sé si existe esa deuda, solo sé que un porcentaje de la gente debe y no se ha procedido al cobro porque tendría que abrir miles de juicios”.

Domínguez explica que antes no se cobró el servicio porque nunca ha existido una ordenanza que lo regule, y que la actual propuesta, que está proyectada para unos 50 años, beneficiará a los más de 250 mil habitantes que tendrá la ciudad en ese tiempo.

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El concejal  Farid Burgos, impulsor del plan, dice que la resolución se dio porque el Municipio no es sujeto a crédito  y  para acceder a uno el Banco Ecuatoriano de Desarrollo exige una ordenanza que estipule cuánto se podría recaudar. En Quevedo hay 65 mil predios. El consumo será de 0,10 centavos por metro cúbico, refiere.

 Burgos recalca que mientras no haya agua en los hogares y no se finalicen los trabajos  de agua potable y alcantarillado, no se cobrará. Por lo que aspiran a dar dos años de gracia. 

 Para la primera semana de agosto se prevé la segunda sesión para dar por oficial la ordenanza. Al momento se socializa el plan maestro. (I) 

Alternativa
Edil

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Otra opinión
Como una alternativa al cobro del servicio, el concejal  Ángel Mora, propone un proyecto que consiste en   la ampliación de redes, cambiar el sistema informático e ingresar nuevos usuarios, algo que –dice–  tendría un costo aproximado de $ 1’800.000. También afirma que actualmente se recauda 21 mil dólares mensuales y que bajo esta modalidad se cambia la cultura de pago por cultura de cobro.