El ministro de Educación, Augusto Espinosa, sobre quien el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió el lunes enviar a la Comisión de Fiscalcalización el pedido de juicio político realizado por el asambleísta de Avanza, Bayron Pacheco, se defendió esta mañana de las acusaciones.

El legislador lo acusa de incumplir con los artículos 212, 227 y 348 de la Constitución, así como de inobservar el Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, por no haber asegurado las estructuras educativas.

"Los establecimientos educativos no son considerados como un bien productivo porque preparan talento, mas no lo producen y, por lo tanto, no es conveniente asegurarlos", dijo esta mañana Espinosa al noticiero de Ecuavisa. Agregó que aquello puede demostrarlo técnica y científicamente.

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La solicitud del asambleísta, que incluye el respaldo de 37 legisladores, se da porque el Ministro no habría asegurado los centros educativos que se vieron afectados por el terremoto del pasado 16 de abril, que dañó principalmente estructuras en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

El Ministro durante una entrevista en Ecuavisa se defendió y señaló que en la instancia de la fiscalización demostrará la solidez de los argumentos; y "como efectivamente esto es un juicio o se pretende establecer un juicio político para montar una especie de circo, que tiene más fines de protagonismo electoral que realmente demandar por el incumplimiento de una norma", aseveró.

De acuerdo a Espinosa, deben plantearse tres preguntas: ¿Si es que existe norma que obligue a asegurar los bienes no productivos, es decir, carreteras, caminos vecinales, los centros de salud, las escuelas? ¿Es conveniente o no para el país asegurar todos los bienes del estado? y ¿Si existen herramientas e instrumentos técnicos que puedan proteger los bienes a un costo mucho menor de las pólizas de seguro?

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Con respecto a la primera interrogante, indicó que habría que revisar todo el reglamento que tiene vigente la Contraloría, que los bienes que deben asegurarse son los de larga duración, los no depreciables y las existencias. Para Espinosa, las escuelas no se clasifican en los de larga duración porque no cumplen con los requisitos que establece la Contraloría.

"Si la Contraloría pretendía que todas las instituciones contraten seguro para todos los bienes, primero debió haber solicitado una certificación al Ministerio de Finanzas, y hay que preguntar si es que se solicitó esa certificación", dijo.

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En relación a la segunda pregunta de si le conviene al país el aseguramiento de todos los bienes señaló que depende de la concentración del riesgo. "Si yo tengo el riesgo diseminado en todo el territorio nacional, es prácticamente imposible que exista un siniestro que afecte a más del 5% de la infraestructura, en el caso de la educativa", indicó. (I)