El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, afirmó que la vigilancia del correcto uso de los bienes del Estado y la consecuente sanción, de detectarse abusos, compete en la actualidad a la Contraloría.

“A nosotros lo que nos corresponde es imputar al gasto a la promoción en el momento que tengamos inscripción de candidaturas”, indicó ayer en rueda de prensa en Cuenca.

La explicación la hizo por las críticas que han surgido luego de la participación de algunos dignatarios de Alianza PAIS (AP) en Guayas en una campaña de carnetización, que se habría realizado en conjunto con la entrega de servicios por parte de instituciones del Estado.

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Las jornadas se realizaron los sábados 2 y 9 de julio últimos en el sur de Guayaquil, según dirigentes de Unidad Popular, que ayer presentaron una denuncia en la Delegación Electoral del Guayas.

El director del partido, Alonso López, acusó a los asambleístas de AP, Marcela Aguiñaga, Bairon Valle y Mónica Brito, y a la concejal oficialista, Lídice Aldás, de usar bienes públicos con fines “proselistas” y de realizar “campaña anticipada”.

En la denuncia se pidió la destitución de sus cargos.

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Pozo ofreció el “debido proceso” a estas quejas. (I)