La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, acusa al defensor Público, Ernesto Pazmiño, de hacer campaña política ‘mintiendo’ sobre la situación del sistema judicial. Y lo invita a “dar un paso al costado” para que "alguien más" pueda defender a los ciudadanos.

El defensor público ha cuestionado la desproporción que hay, según él, entre ciertos delitos y penas, y cita como ejemplo el caso Saraguro. ¿Qué responde usted?
Lo que rechazamos es que se mienta; en el caso Saraguro, él cambió el argumento. Antes hablaba de falta de independencia, lo cual era risible porque de diez procesados en primera instancia, ocho salieron inocentes y dos sancionados... Ahora, el argumento es la desproporción de las penas. Ha dicho que cómo es posible que haya una misma pena por robar un borrego que por peculado, y miente porque el delito de abigeato tiene una pena mínima de un año, y el de peculado, diez. Hay una clara intención de posicionar una crítica al sistema de justicia por un interés político. Puede ser que haya alguna desproporción en el Código Integral Penal; de hecho, planteamos una reforma en el tema de hidrocarburos.

Pero ¿hay desproporción en el caso Saraguro? Son cuatro años de prisión para dos manifestantes cuando la pena máxima en el tipo penal de paralización de servicios son tres.
Es una resolución de primera instancia, falta que el tribunal emita la sentencia motivada y ahí veremos lo que consideraron los jueces...

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¿A qué interés político del defensor se refiere?
Parece que tendría pretensiones electorales. Solo eso podría motivar a que dos años después de la vigencia del COIP se dé cuenta de penas desproporcionadas. Que en un año preelectoral hable de la criminalización de la protesta social...

Él dice que sí advirtió la desproporción cuando se debatía el Código en la Asamblea.
Él ha hecho referencia a un anteproyecto que tenía penas más bajas en delitos graves, de gran conmoción. En el documento, Ernesto planteaba una pena de hasta ocho años por un homicidio y de hasta cuatro años por violación. Eso no garantizaba una justicia efectiva... No está mal que él tenga pretensiones electorales, pero debe dar un paso al costado y permitir que alguien más sí venga a velar por los derechos de las personas a que accedan a una defensa.

Usted dice que es posible que en el COIP sí haya desproporción entre penas y delitos. ¿Cómo en cuáles?
En el tema del contrabando de hidrocarburos había como pena mínima, sin establecer cantidad, cinco años de cárcel. Y se pidió la reforma.

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El defensor ha criticado falta de independencia judicial, ustedes lo niegan.
Es una afirmación muy grave que él tiene que probar, tiene que precisar casos...

¿Por qué el presidente Rafael Correa le pide la renuncia a un integrante de otra Función del Estado? ¿Eso no es interferir en la justicia?
Es que es indignante cómo se está usando el sistema de justicia con fines electorales. El pedido del presidente fue un llamado al tema ético. (I)