Lo ven a diario en sus barrios, en los alrededores de los planteles donde estudian sus hijos o en el parque del barrio, al que aseguran que han dejado de acudir en familia porque ya no es seguro. Dicen conocer bien cómo opera la venta antes de base de cocaína y ahora de la mentada hache, pero pese a que perciben que el problema aumenta prefieren callar.

S.M. vive en el sur de Guayaquil y afirma ser vecina de una familia que se dedica a la venta de droga. Menciona que ha visto en más de una ocasión el ‘desfile’ de estudiantes que, aun con uniformes, entran y salen de una casa. “Da pena verlos, son niños de 12, 13 años que andan como en el aire...”, indica.

En el cantón Durán, un parque del centro es utilizado para el consumo de droga y prostitución, según moradores. “Hay muchachitas que venden su cuerpo para comprar la droga, a veces andan con sus parejas que son adolescentes fumadores”, comenta una mujer.

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Guayaquil, Durán y Samborondón, que integran la Zona 8, son los cantones donde se aplicará un plan de intervención emergente en materia de prevención de uso y consumo de drogas, que tendrá tres etapas. La estrategia fue anunciada hace dos semanas en la primera reunión del Comité Interinstitucional de Prevención Integral de Drogas, que está integrado por los ministerios de Deportes, Inclusión Económica y Social, Educación, Salud, Interior, Justicia, Secretaría Técnica de Drogas y la Gobernación del Guayas.

En esa reunión, este comité anunció que se propondría a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) presentar a través de sus Gobiernos Autónomos Descentralizados una ordenanza base para que áreas públicas y solares vacíos no puedan ser usados para vender y consumir alcaloide.

Durán se adelantó. El 31 de mayo el Concejo Cantonal emitió la ordenanza GADMCD2016003-O, que establece como política pública municipal el buen uso de espacios públicos sin consumo de alcohol y drogas. El modelo fue enviado por la Secretaría Técnica de Drogas. Se harán operativos con personal de la Policía Metropolitana, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Está vigente, pero aún no se ejecuta.

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Entre las sanciones por el uso o consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o bebidas alcohólicas está la multa del 20% de una remuneración básica unificada ($ 73,20) o la obligación de realizar labores comunitarias como limpieza de espacios públicos por 40 horas, recolección de basura, asistencia a programas educativos por 90 horas, entre otros.

La alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, reconoce que luego de la intervención junto con el Ministerio del Interior en el cerro Las Cabras, los consumidores de hache se desplazaron a otros lugares del cantón como el centro y los sectores de El Arbolito, El Recreo y la Oramas González. “Los parques, mercados o los espacios públicos son los que aprovechan para el consumo de drogas”, añade.

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Ante esta situación se aprobó esta ordenanza.

Arce dice que la ordenanza no es sancionadora, sino que se enmarca en lo social. “Lo pusimos (la multa) de pronto quien esté consumiendo sí tenga recursos, pero (como) el 95% no tiene recursos y entonces optamos por lo social...”, añade.

Si es reincidente en la conducta, la multa se duplicará así como las horas de servicio. Si la infracción la comete un menor, será puesto a órdenes de la Dinapen, señala la ordenanza.

Varios duraneños tienen reparos. Algunos indican que las sanciones económicas no están apegadas a la realidad, pues muchos consumidores no trabajan sino que roban. Otros opinan que hacer labores comunitarias no soluciona el problema. “La cumplen y luego vuelven a fumar”, dice un habitante.

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Otros ven positivo que los consumidores sean conducidos a centros de rehabilitación, pero dudan de que multas y labores comunitarias den resultado. “A grandes males grandes soluciones”, dice un empleado.

Según Arce, la ordenanza será difundida hasta julio y en agosto se iniciarían los controles a los infractores.

Ramiro García, profesor universitario de Derecho Penal y Constitucional, considera que estas propuestas de ordenanzas deben ser encaminadas a la prevención y no ser sancionadoras. “Lo primero que deberían hacer es capacitarlos (al personal que va a hacer cumplir las ordenanzas) en derechos humanos...”, sugiere. (I)