Los propietarios de OGC Paquetería, empresa que en marzo cerró intempestivamente sus puertas, se enfrentarán a una querella colectiva por una presunta estafa a miles de inmigrantes en España. El Estudio Jurídico Abogados Sin Fronteras del Grupo Sentencia, seleccionado por la Embajada para determinar la estrategia judicial a seguir, trabaja en la primera fase del proceso con el objetivo de que la Audiencia Nacional asuma el caso en vista de que “se trata de una estafa masiva en varias provincias con un importante número de personas afectadas y un monto económicamente elevado”, sostienen fuentes diplomáticas a este Diario. Esta acción evitaría, además, “la celebración de múltiples juicios y un sustancial ahorro de tiempo”, añaden.

Los 14 letrados que componen el equipo se dedican en estos días a la recopilación de los documentos de respaldo de los envíos para determinar el valor de las mercancías y el posterior cálculo de las responsabilidades civiles así como al análisis de las denuncias interpuestas por los inmigrantes en las diferentes provincias españolas. También, han redactado los modelos de poderes que los afectados deberán entregar al bufete o a través de los diferentes consulados. “De esta manera los abogados podrán ejercer los derechos de los perjudicados e incluirlos en la querella colectiva que se presentará previsiblemente a mediados de septiembre”, sostienen las mismas fuentes. El estudio jurídico solicitará medidas cautelares sobre los responsables y se pedirá la localización y posible devolución de la mercancía localizada en los contenedores.

En la legación diplomática constan registrados 1.544 inmigrantes afectados. El perfil es diverso: “nos encontramos con un grupo enorme de personas que van desde aquellos que enviaron sus electrodomésticos o ropa usada hasta los que mandaban regalos a familiares con importes muy diversos”. Una de las tareas más complejas está siendo, precisamente, el de establecer el monto del perjuicio porque “habían muchos enseres usados, mezclados en cajas”.

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El Grupo Sentencia ha habilitado un número de teléfono (91 828 99 29) y un correo electrónico (afectadosogc@abogadossinfronteras.es) para sumar a más personas que aún no han entregado su documentación e incluirlos en la querella. (I)