Era un callejón de la parroquia Tarqui, una zona popular y comercial de Manta, en el cual los vecinos se saludaban a diario al salir a sus trabajos o se topaban para ir juntos en busca de sus hijos a la escuela. Las casas de uno, dos, tres pisos, unas junto a otras, eran ocupadas en la mayoría de los casos por más de una familia. Algunas de ellas tenían en las plantas bajas negocios: una peluquería, una tienda, una bodega para distribuir bebidas. Todo se fue construyendo en partes tras décadas de trabajo en el comercio, en la pesca. De ello, tras 58 segundos del terremoto del 16 de abril que afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas, quedaron casas convertidas en escombros, paredes cuarteadas, losas y pilares colapsados.

La maquinaria pesada estatal y municipal terminó de demoler lo que quedaba de este callejón con acceso a la calle 108, que hoy es una explanada de tierra de la que sobresalen hierros retorcidos. Entre las viviendas demolidas estaban las de Yolanda Vera, de 54 años, Roxana García, de 81 años, Jésica Palacios, de 38 años. Esto luego de que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) determinara que debían ser derrumbadas por tener daños estructurales. La entidad las identificó con un membrete rojo que dice ‘inseguro’.

Desde entonces, a Vera, el atardecer la encuentra bajo un techo de zinc sostenido con cañas levantado sobre lo que fue su casa de tres plantas, donde espera que sus nietas salgan de la escuela para ir a recogerlas.

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Ella ocupaba el segundo piso de su vivienda con su esposo, dedicado a la pesca, uno de sus hijos y una nieta. Sus otros dos hijos que tienen discapacidad vivían con sus familias en la planta baja y en la tercera. Nunca dividieron y legalizaron la propiedad: “Fuimos construyendo a medida que los hijos se iban con mujer, pero todo era de boca, nunca sacamos los títulos”, dice Vera.

Sus dos nietas fueron derivadas a escuelas públicas distintas tras el sismo. La más pequeña ahora estudia en la escuela Diez de Agosto de la parroquia Los Esteros, ubicada a una hora en bus desde la zona de Urbirríos, donde actualmente vive con su familia en la casa de su hermana Norma. Por ello decide esperar cada tarde en aquel callejón para acortar distancias, ir por ellas y luego seguir a la ciudadela Sí Vivienda, donde está la casa de Norma. Al no tener legalizadas sus propiedades, los hijos de Vera no pueden acceder al bono que el Miduvi ofrece para reconstruir las casas.

En entrevista con este Diario, la secretaria nacional de planificación y desarrollo, Sandra Naranjo, dijo el 1 de junio pasado que el Gobierno decidió asumir, como política pública, las dos terceras partes del costo total de las viviendas dañadas. Ese día, la Senplades anunció que el costo de reconstrucción de las casas sumaría $ 653 millones. Son valores estimados al 26 de mayo pasado, según un informe de este organismo.

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Ya en la práctica, el plan denominado Reconstruyo Ecuador establece la entrega de una casa en terreno urbanizado por el Estado, de 40 metros cuadrados (sala, comedor, cocina, dos cuartos, un baño). Cada una a un costo de $ 10.000, de los que las familias deben pagar $ 1.000 tras un año de gracia y a un plazo de 36 meses.

La otra opción es el bono para construir en terreno propio, pero también debe ceñirse a los modelos que el régimen ha aprobado que tienen, como característica, la misma casa con dos cuartos que cuesta $ 10.000, con el mismo mecanismo de financiamiento, solo que, en este caso, el predio no debe estar ubicado en una zona catalogada por el Estado como insegura.

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Se trata de un monto que no alcanza a cubrir el costo de algunas de las viviendas colapsadas, como la de Vera, quien dice que invirtió en su casa de tres plantas alrededor de $ 75.000.

En esa disyuntiva se encuentra Gloria de Saltos, una jubilada que en diciembre último había pagado $ 70 mil de su jubilación para comprar una casa de dos plantas, en el centro de Portoviejo, de la que hoy solo queda un terreno baldío luego de que fue demolida.

Esta exdocente fiscal dice que quisiera construir en el propio terreno, pero debe esperar a que el Municipio termine la zonificación para determinar si aquello será posible. Asimismo, si desea acceder al bono de $ 10.000 que el Gobierno ha asegurado entregará a las familias para construcción de casa en terreno propio, debe edificar los modelos que el régimen ha aprobado, que tienen como característica la misma casa de una planta con dos cuartos: “En una de las plantas de la casa que perdí vivía mi cuñada que tiene cáncer, y dos hijos”, dice.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) otorga por su parte el bono de acogida –que implica la entrega de un pago mensual, por seis meses, de $ 150 para las familias que acogen en sus propiedades a los afectados–. Este conlleva a la entrega de otro, el de alimentación, que es un pago de $ 100 por mes, durante tres meses, para las familias afectadas.

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Vera y su hermana Norma afirman que a un mes del terremoto dieron sus datos a técnicos del MIES para recibir estos bonos, pero tras dos meses y medio del sismo aún no los reciben. “El viernes (último) nos dijeron que esperemos ocho días laborables”, asegura Vera.

Entre los requisitos para acceder a este bono están que el afectado esté inscrito en el denominado Registro Único de Damnificados (RUD), que la familia acogiente tiene que ser dueña de esa propiedad, que el jefe del hogar afectado y la dueña de la casa que los acogerá deben ir a las oficinas del MIES para firmar un convenio.

Alexandra Menéndez, José Zambrano, Luis Carrasco, también esperan acceder a estos bonos tras un mes de inscribirse en el RUD. Afirman que se enteraron por vecinos que deben acudir a las oficinas del MIES para iniciar los trámites. De 64 mil familias que se han inscrito en el RUD, unas 2.700 están registradas como las que reciben los bonos de acogida y de alimentación a nivel nacional con corte al miércoles pasado, dice Julieta Arboleda, coordinadora de la Zona 4 –que cubre las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas– del organismo.

Menéndez, de 46 años, alquilaba una de las casas colapsadas en el centro de Portoviejo. Ahora vive con su madre: “Gracias a Dios (la casa de mi mamá) no se cayó, pero sí tuvo un pequeño hundimiento, se viró pero está vivible, la inspeccionaron y le pusieron el sello verde”, afirmaba el miércoles pasado luego de que salía del MIES con su madre de 80 años a la que llevó para obtener el bono de acogida: “Me hice anotar el 3 de junio pero vine a ver porque no me llamaban y resulta que no he estado en el sistema. Me volvieron a anotar”, asegura.

También hay casos de casas que tienen un doble diagnóstico como la de Franklin Bailón, de 54 años, quien vive con su madre, de 82 años, en una vivienda de dos plantas con paredes cuarteadas en Tarqui. En una primera inspección, los técnicos del Miduvi colocaron el sello amarillo –que implica un uso restringido por tener daños que pueden ser reparados–, luego de que revisaron la planta baja. Un mes después llegaron nuevamente y revisaron la planta alta, de la que determinaron que tenía daños estructurales y colocaron el sello rojo: inseguro. Además, hay ciudadanos que tramitan los bonos, pero sus casas aún no han sido inspeccionadas, otro de los requisitos para establecer si pueden optar por el bono de mejoras o el de reconstrucción. (I)