Una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa presentó Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea. En esta se propondrá llenar “vacíos legales” existentes como el caso de la asambleísta Esperanza G., quien cobra mensualmente su sueldo aunque está detenida por un proceso de supuesto cohecho en su contra.

Según Rivadeneira, el proyecto establece que en el caso de un legislador que atraviese un proceso judicial que haya significado su detención de manera inmediata el Consejo de Administración Legislativa (CAL) principalizará al alterno con los beneficios respectivos.

Rivadeneira recordó que para este lunes los miembros del CAL fueron convocados a la lectura del informe de Contraloría que se refiere a los manejos administrativos de la Asamblea, entre ellos el económico.

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La legisladora también hizo referencia a la donación voluntaria del 10% del sueldo de los asambleístas a favor de los afectados por el terremoto del pasado 16 de abril; indicó que era de carácter voluntario y que aquello fue aceptado por el CAL, por lo cual rechazó las publicaciones de los medios “que mandan periodicazos (sic) sin identificar que uno de los asambleístas” que está en la lista de quienes no donaron había perdido a familiares cercanos.

“Habemos (sic) asambleístas que vivimos del sueldo que ganamos como la mayoría de los ecuatorianos, hay asambleístas que tienen ingresos extras porque vienen del sector privado o tienen sus propios negocios, entre otros, pero siempre tuvo la característica de voluntario”, declaró la funcionaria. (I)