Al menos 200 denuncias en contra de cuatro fotorradares instalados en la ciudad de Ibarra reposan en la delegación de la Defensoría del Pueblo de Imbabura, informó Katerine Andrade, representante de esa dependencia

La funcionaria explicó que está abierto un expediente defensorial por “presuntas vulneraciones” al derecho a dirigir quejas y peticiones y también por el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a bienes y servicios públicos o privados de calidad.

Una de las denuncias la interpuso Jorge Buitrón. Él es de Otavalo y por trabajo viaja constantemente a Ibarra. A través de la página web de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se enteró de que en febrero, el fotorradar instalado en la vía Panamericana E35, al sur de Ibarra, había registrado una infracción por sobrepasar el rango moderado de velocidad, por lo cual pagó 366 dólares de multa, indica.

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Pero Buitrón hasta ahora se siente perjudicado y quiere recuperar su dinero. Dice que nunca fue notificado de la infracción para poder apelar la sanción y defenderse en los plazos establecidos por la ley. “No recibí ningún documento ni fotografía en donde se me informe sobre la infracción. Tampoco recibí un correo electrónico al respecto”, manifiesta.

Buitrón cuenta que, además de presentar la denuncia formal en la Defensoría del Pueblo, buscó asesoría legal con un abogado, así –indica– se enteró de que existían más personas con este problema.

El abogado Luis Yépez refiere que en todo el país existen conductores que fueron sancionados por los fotorradares instalados en la capital imbabureña. “Por este caso yo tengo como representados más de 10 mil personas”, informa.

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Yépez explica que el 80% de esas infracciones fueron emitidas por dos fotorradares ubicados en la vía E35, de exclusiva competencia estatal. Pero los medidores de velocidad fueron instalados por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), creada por el Municipio de Ibarra.

“Por ello nosotros solicitamos que las infracciones registradas en esos dos fotorradares sean anuladas. Y las multas que ya fueron recaudadas se devuelvan a los afectados”, dice Yépez.

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Ese es un anhelo que tiene el quiteño Carlos Huapas. Antes de enterarse de que fue multado en dos ocasiones por los fotorradares en Ibarra, visitaba frecuentemente la ciudad junto con su familia para hacer turismo. “Ahora ya no queremos volver. Por las dos infracciones pagué 732 dólares. Son dos salarios. Son dos meses de comida para mi familia”.

Édgar López, gerente de Movidelnor EP, reconoció el error y descargó la culpa en la administración anterior. López dijo que cuando se instalaron los fotorradares no se obtuvieron los permisos necesarios para ubicarlos en la red estatal.

Álvaro Castillo, alcalde y presidente de Movidelnor EP, anunció la devolución del valor de las multas, aunque todavía no está establecida fecha ni mecanismo para hacerlo, porque esos dineros ingresan a las cuentas de la ANT.

Al momento solo uno de los cuatro fotorradares instalados en Ibarra a finales de 2015 continúa operativo. Este está ubicado en la avenida 17 de Julio (nororiente de Ibarra), en donde el límite de velocidad es de 50 km/h. (I)

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