Es considerada una de las vías más peligrosas del país. Sus pronunciadas curvas, zonas vulnerables a deslizamientos o constantes trabajos en sus 99 km de extensión han sumado a lo largo de años víctimas mortales, cuantiosos daños materiales y molestias.

Se trata de la vía Alóag-Santo Domingo. Con el fin de volverla más eficiente se dieron contratos de ampliación y mantenimiento durante 14 años, en este lapso se han construido cuatro carriles de 34.1 kilómetros; otros 25.1 kilómetros están en construcción y se ha previsto culminarlos en tres años. La construcción de un túnel o mantenimiento también han sido parte de los trabajos de la obra que se inició con un monto de $ 17’793.024 hasta llegar a los $ 368’819.233,74, que es la suma de los tres contratos que se han firmado entre 2002 y 2015.

Desde la terminal de Santo Domingo cada 15 minutos salen buses interprovinciales a Quito. Esta es una de las rutas con mayor número de frecuencias para movilizar a personas de la Costa a la Sierra y viceversa, así lo indica Miguel Morocho, presidente de la cooperativa de transporte Zaracay. “Es una de las vías más peligrosas”, dice el conductor.

Publicidad

En la Alóag-Santo Domingo, en cada época invernal son recurrentes los deslizamientos, uno de los últimos de gran magnitud ocurrió en el km 62, el pasado 4 de abril. Un obrero falleció mientras retiraba escombros de otro desprendimiento.

Cada vez que ocurren estos accidentes es una rutina en la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, aplicar un plan de emergencia: detener el tráfico y direccionar a vías alternas como La Calacalí-La Independencia y Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos.

Los tres contratos para trabajos en esta vía se han firmado entre el Gobierno de Pichincha y la constructora Hidalgo e Hidalgo (HeH), para el mantenimiento y ampliación y solo en el último de los contratos (firmado en 2015) se dispone de $10’000.000 para estabilizar taludes. Para Morocho los desprendimientos de la cordillera son el principal riesgo al que se enfrentan los transportistas. “Siempre hay el temor de que se caiga la montaña”, añade.

Publicidad

El contrato de 2002 se firmó con un plazo de 11 meses con 15 días, por $ 17’793.024, de los cuales $ 11’993.024 fueron para su reconstrucción y la construcción de peajes; $ 5’800.000 para mantenimiento que comprendió señalizaciones, colocación de asfalto, entre otros.

La primera ampliación de la vía de 35,41 km se da con el segundo contrato, que se firmó el 4 de mayo de 2007 con un plazo de 24 meses –que no se cumplió– y 15 años para el mantenimiento. El documento indica la construcción de 4 carriles desde el kilómetro 11,5 hasta el 46,9; además se establece el mantenimiento de los 99 kilómetros de la vía.

Publicidad

El monto para este contrato se fijó en $ 92’150.141,49, de los cuales $ 54’668.980,09 son para la ampliación; $ 15’889.537,88 para mantenimiento rutinario y $ 21’591.623,52 para el mantenimiento periódico. No incluye rubro para estabilización de taludes.

A este contrato se suman dos complementarios. El primero del 4 de febrero de 2011 por $ 6’766.703, para la construcción de un túnel de 65 metros de longitud en el km 41, en el sector de Chisinche. El segundo contrato se firmó el 22 de agosto de 2013 por $ 17’036.517 (que serviría como refinanciamiento de la ejecución de obras adicionales para la culminación del contrato inicial) y tenía como plazo abril pasado. Tampoco se contempla un monto para estabilizar los taludes.

Luego de que en marzo de 2015 ocurrieron desprendimientos en el sector de La Virgen, donde desaparecieron una pareja de esposos, sus dos nietas y un acompañante que viajaban en un camión, se firmó el tercer contrato en junio de 2015, por $ 252’865.872,81 para ampliar 4 carriles en 36 meses (desde el km 46,9 hasta el 72), la construcción de un túnel, intervención en taludes, servicios de seguridad vial, entre otros.

De ese monto, $ 131’419.431 son para la obra y $ 121’446.440 para mantenimiento, que se realizará por 21 años. El documento indica que “la contratista se compromete a realizar dichas actividades correspondientes a la estabilización de taludes hasta por la suma de $10.000.000 (…) una vez que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha cuente con los correspondientes estudios”.

Publicidad

Las contrataciones se dieron en los periodos de Ramiro González y Gustavo Baroja (actual prefecto). Para las dos primeras, la Contraloría emitió informes favorables, ya que fueron suscritas en tiempos cuando se dictaminaron emergencias.

Este Diario había solicitado una entrevista al prefecto de Pichincha, pero la Prefectura respondió por correo electrónico. Sobre el incremento de plazo y monto para la construcción en el contrato de 2007 se indica que se realizaron obras importantes y se ejecutaron otras adicionales que no estaban en el contrato original.

Añade que en ese contrato no se consideró la estabilización de taludes porque para su ejecución requiere de estudios, que se iniciaron con el monitoreo para la evaluación de los sitios de riesgo. La consultora contratada es ecuatoriana con la participación de expertos de nacionalidad española, asesores en taludes, agrega, y precisa que dichos estudios ya fueron entregados a la empresa HeH para su análisis y propuesta.

El prefecto de Santo Domingo de los Tsáchilas, Geovanny Benítez, hace observaciones sobre el mantenimiento de la vía y cuestiona la atención que se dio en los 28 km que corresponden a la jurisdicción de su provincia. “El año anterior hicieron recién un recapeo porque exigimos, las personas que conocen la vía nos dijeron que en 10 años nunca se hizo”, dice, y asegura que carecía de señalética y que la colocaron recién el año pasado. (I)

Vía
Fiscalización

Control
El control del contrato suscrito en junio de 2015 lo realiza el equipo de Fiscalización del GADPP, nombrado para el efecto, de acuerdo con el cronograma, planos y especificaciones técnicas constantes en el contrato, indica la Prefectura de Pichincha.

Contratista
Desde el 2002 se han firmado contratos con la empresa Hidalgo e Hidalgo, para la atención y ampliación de la vía porque ha cumplido con los requisitos técnicos y exigencias de financiamiento, más favorables para los intereses de la provincia, según la Prefectura.