Prisión preventiva por 90 días y el inicio de la instrucción fiscal por el delito de estafa fueron las medidas adoptadas, la noche del sábado último, por el juez de flagrancia Juan Andrés Salas contra el empresario quiteño Santiago R.

La detención, de quien es miembro del directorio de la empresa Proinco, llegó luego de una investigación por una supuesta captación irregular de recursos en dos empresas, que según la Fiscalía, no tenían el permiso para operar con ese tipo de transacciones financieras.

Diego Correa, fiscal del caso, explicó que la investigación administrativa contra las empresas Maktradecorp S.A. y Asesores Integrales Mingacorp S.A., en las cuales Santiago R. figura como presidente, inició por captación irregular de dinero, por parte de la Superintendencia de Bancos, en agosto del 2015.

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Según el representante de la Fiscalía, Maktradecorp mediante 905 operaciones, que involucró a 609 clientes entre el 2013 y el 2015, manejó más de $56 millones; mientras que Mingacorp, entre el 2014 y el 2015, manejó más de $13 millones de 232 clientes. Dentro de la investigación, dijo Correa, se había podido determinar que las empresas en cuestión entregaban por los dineros receptados intereses mayores a los establecidos oficialmente en el mercado.

Pagarés, contratos de compra-venta y fideicomisos inmobiliarios, que habrían sido firmados por el involucrado, están entre los documentos analizados.

El representante legal del involucrado, Mauricio Aguirre, rechazó las acusaciones asegurando que no existen una pericia contable que determine el supuesto perjuicio ocasionado y tampoco se habría presentado una sola denuncia en la audiencia de quienes serían los perjudicados. Criticó el que se de inicio a una investigación bajo la figura de captación ilegal de dinero, pero se le termina llamando a una instrucción fiscal por el delito de estafa.

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En audiencia, Santiago R., de 58 años, pidió la palabra y aseguró ser un empresario que no ha cometido delito alguno. Ante la duda del fiscal Correa de que no existía la certeza de a dónde iban a ser invertidos los dineros que recogían estas dos empresas, él aseguró que los recursos fueron invertidos en proyectos inmobiliarios al sur de Quito.

En lo que se refiere al pago de intereses mayores a los establecidos en el mercado, Santiago R. mencionó que la rentabilidad existente en los proyectos inmobiliarios permiten "tomar riesgos" de que se puedan obtener ganancias mayores.

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Luego de casi dos horas de escuchar a las partes, el juez Salas, ante la duda de que el investigado pueda asegurar la comparecencia a todas las etapas del juicio que se inició con la instrucción fiscal, decidió otorgar la prisión preventiva y trasladar el proceso a la Unidad Judicial Penal para que continúen el juicio ordinario. (I)