Caso de los 43 de Ayotzinapa, sin respuestas

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la localidad de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, fue la muestra del nivel de violencia que se vive en ese país por los enfrentamientos entre los grupos de narcotraficantes y las fuerzas militares que tienen a la población civil como un blanco vulnerable.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en este caso a pedido de México con el envío de un grupo de expertos que en abril pasado emitió su último informe al respecto. El documento determina dudas sobre el paradero exacto de los cuerpos de los estudiantes que, según la información oficial del Gobierno mexicano, habrían sido incinerados en un basurero del Municipio de Cocula a manos de policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos.

El 24 de abril pasado, durante el acto de presentación del informe final, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, lamentó que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no apoyar la prórroga del mandato del grupo y de poner fin al acuerdo, “a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos”.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH estableció en su informe fallas en la investigación oficial sobre la desaparición de los normalistas. Incluso, dice el documento, “hay indicios de supuestos malos tratos y tortura tras revisar los informes médicos de 17 detenidos por el caso, incluyendo a los presuntos responsables de ordenar el ataque a los estudiantes”.

El Gobierno de México no aceptó el pedido de extender el trabajo del grupo de la CIDH para dar más pistas sobre este hecho.

El acuerdo firmado entre el Gobierno mexicano y la CIDH para la instauración de este grupo fijó un plazo de permanencia en el país que terminó el 30 de abril pasado.

En sus conclusiones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pidió seguir investigando la supuesta participación en los hechos de autoridades y policías, incluidas corporaciones municipales, estatales y federales. “Hubo un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial, policía estatal, policía federal, ejército y otros miembros de seguridad pública que monitoreaba segundo a segundo, a través de cámaras de vigilancia y la información que recibían, las actividades de los estudiantes en la entrada a la caseta de Iguala, a la entrada a un rancho y hasta la salida de una carretera federal”, dijo Ángela Buitrago, miembro del GIEI.

Lea también: Según los expertos, hay obstáculos en la investigación del caso de 43 estudiantes

Los expertos de la CIDH no pudieron reunirse con los soldados y oficiales del Ejército para recopilar más datos sobre el caso debido a la negativa del secretario nacional de Defensa, Salvador Cienfuegos. “No me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”, dijo Cienfuegos en entrevista difundida por Televisa en octubre pasado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México también ha dado indicios de la participación de policías federales.(I)