El presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, exigió esta mañana que se amparen los derechos de los servidores públicos que se acogieron a la jubilación voluntaria y a la compensación que por ley deberían recibir.

Según el acuerdo ministerial 0100, las peticiones presentadas entre enero y abril de cada año serán consideradas en el mismo año, mientras que de mayo a diciembre, para el próximo año. Al respecto, García expuso que 22.740 personas están inscritas para obtener la compensación en este 2016.

García refirió que el Ministerio de Trabajo convocó a una reunión a los responsables de recursos humanos de los ministerios y entidades -a su criterio- para disponer que el plan de pago sea cuando el funcionario renunciante cumpla 70 años de edad.

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"A ninguno de los compañeros renunciantes se les ha pagado, pese a que se entendía que había aún disponibilidad presupuestaria en el Ministerio de Finanzas", cuestionó.

El dirigente consideró que el pago no se realizará porque "no hay dinero para pagar esa compensación"; sin embargo, las renuncias ya se procesaron y lo que ha hecho el Gobierno es generar con ello "alrededor de 23.000 vacantes de los compañeros que accedieron o pensaban acceder a esta compensación, pero que ya renunciaron", dijo al noticiero de Ecuavisa.

Pagos solo a ciertos funcionarios

De acuerdo al art. 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público, los beneficios podrían ser cancelados con bonos del Estado. García señaló que el pago debía realizarse en efectivo, así como se ha pagado a algunos funcionarios "que sin tener edad para jubilación, sin estar en situación de enfermedades catastróficas han renunciado, han recibido la compensación en dinero en efectivo de manera inmediata, y siguen laborando en sectores públicos en altos puestos. Tenemos varios nombres y constancias documentadas", cuestionó.

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No obstante, refirió que varios servidores están dispuestos a que se les pague con bonos pero de forma rápida para que el rendimiento mensual de los papeles les ayude a sustentar la nueva circunstancia de carecer de relación de dependencia.

García señaló que hay unas 28.000 personas que están en capacidad de jubilarse y están esperando un "signo de buena fe". (I)