El número de participantes en las consultas prelegislativas se reduce cada vez más. El retiro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que cuenta con organizaciones de primer y segundo grado, marca la tendencia a la baja, luego de la Ley de Aguas.

Este es un mecanismo de participación para que las opiniones de las organizaciones propietarias de derechos colectivos: indígenas, afroecuatorianos y montubios sean tomadas en cuenta en la construcción de las leyes que podrían afectarles, sin la obligación de que estos criterios sean incluidos.

La consulta para la Ley de Aguas, que se inició en 2012 y concluyó en este periodo legislativo, contó con 1.631 organizaciones y la asistencia de la Conaie, pero para la consulta de la Ley de Tierras, del año pasado, el número de participantes se redujo a 490 inscritos validados, ya sin la Conaie.

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El proyecto de Código de Ambiente, para el que también concluyó este proceso, contó con 196 organizaciones validadas y el proyecto de Código de Ingenios, del que se realizó la audiencia nacional la semana pasada, tuvo 129.

Para Ximena Ponce (AP), de la Comisión de Educación que tramita dicho código, no es comparable la participación que tuvo una consulta con otra, pues el tema varía y a quiénes está dirigido también: “...es otro el universo, algunos coinciden, otros no, no siempre son las mismas organizaciones”. Y a su criterio, la reducción tampoco se debe al retiro de la Conaie.

Lourdes Tibán (Pachakutik) dice que “la gente actuó en la consulta de la Ley de Aguas porque lo consideraron como un derecho... fuimos con cinco puntos álgidos y ninguno acogieron, por eso en la Ley de Tierras ya no se participó, las organizaciones perdieron la confianza en el procedimiento”.

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El proceso para el proyecto de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico está iniciando. El pleno lo aprobó el pasado 17 de mayo, luego de esto la Comisión de Soberanía Alimentaria define los temas sustantivos y después la Presidencia de la Asamblea realiza la convocatoria. (I)