Otorgar al mandatario la posibilidad de utilizar cualquier medida que estime conveniente, entre ellas, una de las más polémicas tiene que ver con suspender las atribuciones de la Asamblea Nacional en la aprobación de contratos públicos y votos de censura para la remoción del presidente.

Esos son parte de los alcances del “estado de excepción y emergencia económica” decretado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el cual supuestamente busca derrotar un “golpe de Estado” en su contra.

Se trata del Decreto 2.323, que fortalece la concentración de poder en la figura de Nicolás Maduro, propasa límites constitucionales bajo el argumento de un “temporal estado de excepción” y abre la posibilidad a la violación de los derechos humanos y a la represión, según expertos.

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“Es una manera subrepticia de soslayar el límite constitucional, porque ya existía un estado de emergencia económica por 120 días, es decir, ya tuvo una prórroga y la Constitución solo permite una... como no se podía adoptar otra prórroga, se dicta un nuevo decreto”, refiere Jesús María Casal, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en una entrevista al periódico Correo del Caroní y recogida por infobae.com.

Bajo estado de excepción, el Parlamento conserva todos sus poderes de legislación y control, sin embargo, este decreto en particular se excede y otorga atribuciones que no corresponden al otro poder. “Se ha tergiversado el sentido del estado de excepción”, afirma Casal.

Esa extralimitación también abre la posibilidad a violaciones en los derechos humanos y a la represión, se advierte.

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En medio del ambiente de tensión, ayer, militares participaban en los ejercicios bélicos ordenados por Maduro para defender al país de una “amenaza intervencionista”.

En tanto, el líder opositor Henrique Capriles, a través de su cuenta de Twitter, anunció nuevas movilizaciones para exigir el cumplimiento en el proceso para activar el revocatorio contra Maduro, iniciativa que ha desatado el rechazo del gobernante.

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El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también se sumó a los llamados al diálogo al gobierno y a la oposición.

En tanto, en los próximos días o semanas se conocerá la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sobre el pedido de la Asamblea venezolana para activar la Carta Democrática. Venezuela podría convertirse en el primer país al que se le aplica en contra de la voluntad de su gobierno en los 15 años de historia de este instrumento, cuya última consecuencia es la suspensión de su pertenencia a la OEA, publicó ayer el-nacional.com.

‘Hay una dictadura’

El cardenal peruano Juan Luis Cipriani, figura del sector ultraconservador de la Iglesia católica en América Latina, denunció que en Venezuela existe una dictadura tras asegurar que Caracas vetó al enviado del Vaticano que supuestamente buscaría un diálogo entre Gobierno y oposición, publicó AFP.

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Las críticas de Cipriani surgen luego de que la Iglesia católica venezolana anunciara el pasado miércoles que el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Paul Richard Gallagher, canceló la visita a Venezuela que tenía prevista para finales de mayo para facilitar un diálogo.

“El papa quiso mandar a alguien para facilitar el diálogo... pero le han impedido el ingreso y el viaje se ha suspendido. Son señales de preocupación”, dijo Cipriani. “Hay un abuso de la fuerza armada sobre el pueblo venezolano”. (I)

1,8
millones de firmas se recolectaron para activar revocatorio.