El exgerente de Petroecuador EP, Álex Bravo, fue señalado por la Fiscalía de una presunta participación en el delito de tráfico de influencias durante la audiencia de formulación de cargos realizada la noche del 16 de mayo pasado.

El fiscal de delitos contra la administración pública, Franklin Bravo, hizo la acusación ante la jueza de la Unidad de Flagrancia, Fátima Llundo, quien ordenó la prisión preventiva por 90 días, tiempo de duración de la instrucción fiscal.

Bravo está detenido en el Centro de Privación de Libertad Nº 4, en la capital.

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La jueza dispuso, además, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes que se encuentren a nombre del procesado, para lo cual se ordenó enviar oficios a la Superintendencia de Bancos y Seguros, y a los registradores de la Propiedad, a fin de que conozcan las medidas cautelares.

El proceso pasó a la sala de sorteos de la Función Judicial de Pichincha para que se asigne a un juzgado penal.

La Fiscalía comenzó a recolectar elementos probatorios de un supuesto tráfico de influencias desde el 9 de mayo pasado en una investigación previa, y concluyó que durante su gestión como gerente de Petroecuador Bravo habría participado en procesos precontractuales y actos administrativos que estarían vinculados a empresas en las que son accionistas o trabajan sus familiares.

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El fiscal acusador explicó que durante la administración de Bravo tres compañías vinculadas consiguieron contratos.

Una de servicios que habría obtenido 85, uno de ellos por $ 35 millones; en dicha empresa trabajan cinco de sus familiares, entre los que se cuentan hermanos y primos.

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Una segunda habría accedido a 57 contratos, uno de estos con la Refinería de Esmeraldas. En esta trabajan la hermana y el padrastro del señalado.

Este último, además, sería director de empresas constituidas en Panamá a nombre de Bravo. Según el fiscal acusador, estas compañías muestran “un considerable crecimiento económico que coincide con su permanencia en funciones”.

Respecto al tercer grupo empresarial ha sido y es proveedor de Petroecuador entre 2014 y 2016, por montos superiores a los $ 85 millones.

Según el fiscal, el exgerente de Petroecuador habría utilizado el patrimonio y los recursos de la estatal a favor de terceros relacionados con él por vínculos familiares y de amistad.

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El exfuncionario ingresó a Petroecuador en junio del 2006 y ocupó diferentes cargos hasta llegar a la gerencia general, a la que renunció el 14 de abril.

Víctor Manuel Andrade, abogado defensor del imputado, no quiso dar declaraciones a la prensa; señaló que cualquier actuación e impulso de la defensa lo incluirá en el expediente del proceso y en las audiencias respectivas. (I)

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evidencias
recabó la Fiscalía para acusar al exfuncionario de un supuesto tráfico de influencias.