La mayoría oficialista de Alianza PAIS (AP) en el pleno de la Asamblea creó ayer la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, para controlar y sancionar a los municipios que, según la Constitución de Montecristi, tienen competencia exclusiva sobre esta materia.

Esta norma obtuvo 86 votos a favor, 37 en contra y una abstención. Es una de las que más votos en contra ha tenido en lo que va del periodo legislativo.

En esta ocasión, el voto en contra salió de Montgómery Sánchez, de la alianza entre AP y el Movimiento Autonómico Regional de El Oro (MAR); y la abstención fue de Reyta Dahik, de la alianza entre AP y el Partido Socialista (PS-FA).

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Sánchez sostuvo que no está de acuerdo con la creación de la Superintendencia porque ya existen organismos que pueden controlar y fiscalizar a los municipios como la Contraloría o la Fiscalía, que es un “retroceso” para la descentralización; y que no es parte de AP, por lo que no pueden sancionarlo.

Según el texto aprobado, la Superintendencia, que tiene capacidad sancionatoria y acción coactiva, tiene diez atribuciones, como vigilar y controlar los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno y de uso y gestión de suelo y desarrollo urbano de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos en el marco de sus competencias.

El Régimen Sancionatorio tiene varios niveles. Las infracciones leves, como aprobar o aplicar un ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo contrarios a lo que establece la ley, tienen una sanción de entre el 10% de un salario básico unificado y veinte salarios básicos unificados.

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Las graves, como incumplir el deber de control y sanción de las infracciones al ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo, tienen una sanción de entre veinte y cincuenta salarios básicos unificados.

Las muy graves, como emitir actos administrativos y normativos que contravengan la legislación sectorial de riesgos y la normativa nacional de construcción que implique poner en peligro la vida y la integridad física de las personas, tienen una sanción entre cincuenta y cien salarios básicos unificados.

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Henry Cucalón (PSC-MG) señaló que la norma viola el artículo 264 de la Carta Magna.

“Esta ley es una aberración centralista porque consagra la intromisión y sometimiento por parte del Gobierno central en la autonomía municipal y en el ejercicio de competencias exclusivas”, agregó Cucalón.

Pero Fausto Cayambe (AP) expresó que no se violenta la autonomía municipal. “Alguien tiene que sancionar frente a una denuncia, pero eso no significa quitarles las responsabilidades, las competencias y las atribuciones que tienen los municipios”, dijo. (I)

No podemos desconocer el respaldo del gobierno de la Revolución Ciudadana a la descentralización, al ver eso, no podemos retroceder creando una Superintendencia para que venga a controlar a los gobiernos autónomos descentralizados.Montgómery Sánchez, AP-MAR