El precio de los combustibles: gasolina, diésel y gas licuado de petróleo no se afectará con el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 14 % que consta en la nueva ley Solidaria y de Corresponsabilidad por las Afectaciones del Terremoto. Así lo indica una de las disposiciones transitorias de la ley y que consta en el informe para segundo debate que fue aprobado este lunes en la Comisión de Régimen Económico.

El informe quedó listo hacia las 18:15 cuando la votación se realizó y el informe obtuvo 9 votos a favor y dos en contra. Estos últimos fueron de Ramiro Aguilar (independiente) y Franco Romero (PSC).

De acuerdo con el informe, “la entidad encargada de la fijación de los precios (de los combustibles) realizará los ajustes necesarios en la cadena de comercialización, para lo cual emitirá la norma respectiva que permita la aplicación” de la disposición. También se indica que “el Ministerio de Finanzas realizará los ajustes y transferencias correspondientes”.

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El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, indicó que ni consumidores, ni comercializadores deberán asumir este costo. Al consultarle sobre el precio de la gasolina súper, reconoció que no tiene regulación de precio, pero que la última palabra la tiene la Asamblea, pues la idea es que los ciudadanos no sean afectados.

El asambleísta Carlos Bergman (AP) explicó que probablemente el Ministerio de Finanzas realice una compensación a los comercializadores del combustible para que no se vean afectados.

La noticia es vista con buenos ojos por el gremio de los distribuidores de gas. Ricardo Flores, presidente de la Federación Nacional de Distribuidores de Gas, dijo que de alguna manera les tranquiliza esta noticia, pues de lo contrario hubiera significado una afectación a los márgenes de participación del negocio que ya de por sí lo ve muy bajo. Esto, a su vez, hubiese desembocado en un alza al consumidor. Dijo que continuarán atentos sobre el mecanismo utilizado para la compensación de la que se habla.

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En días anteriores se había discutido que el IVA pudiera subir no 2 puntos como proponía el Ejecutivo, sino 1 punto y compensar el restante con un impuesto al rodaje. Sin embargo, esta posibilidad no prosperó en el informe.

En otro tema, la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, pidió ante la Comisión que toda su provincia y no solo el cantón Muisne sean favorecidos con la Ley Solidaria.

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Dijo que la provincia en general sufrió afectación, pero que ha venido sufriendo una serie de problemas anteriormente. El pedido no fue acogido y más bien se planteó una nueva redacción respecto de los incentivos productivos, indicando que son beneficiarios de esos incentivos la provincia de Manabí y las circunscripciones afectadas que sean determinadas por decreto.

Bergman explicó que la Asamblea no puede determinar cuáles son esas circunscripciones, y que existe una entidad técnica que es la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Dentro del análisis se trató un pedido sobre los cheques protestados, con el objetivo de que no generen multa. Esto, por pedido de la Superintendencia de Bancos. Los legisladores no dieron paso a ello y más bien decidieron que sea la propia Superintendencia la que tome la decisión correspondiente al respecto.

Deuda
La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa (Unidad Popular), anunció el lunes que el Estado adeuda $ 14,6 millones a su provincia en rubros que tienen que ver con el IVA y otros proyectos de años anteriores.

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Inclusión
Esta autoridad seccional también mencionó que aunque el presidente Rafael Correa había considerado que se cometió un error al no incluir en la ley el nombre de la provincia, aún se podía enmendarlo. (I)