17 personas dejaron sus casas en zona de Chilibulo

Desde un costado de la esquina de la calle Huaca y pasaje Tarqui, en el sector de Chilibulo, en el sur de Quito, Segundo Pruna miraba con tristeza los trabajos de demolición de cuatro casas que fueron afectadas por el hundimiento del terreno en esa zona. Él, de 79 años, dice haber visto cómo se construyeron esas viviendas, pues hace más de 45 años llegó al sector.

Los 300 metros de terreno con pequeñas construcciones de Pruna están junto a una de las cuatro casas que, luego de un análisis municipal, fueron declaradas inhabitables.

La inestabilidad del suelo ha provocado que de a poco las estructuras de estas viviendas cedan y generen riesgos de colapso total, según las autoridades.

Desde hace un mes, ante la inseguridad del terreno en el lugar, Pruna cuenta que vive junto con su esposa en una casa de arriendo que es pagada por el Municipio de Quito.

A finales de enero pasado, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, afirmó que estudios de suelo y estructura, iniciados en octubre de 2015, revelaron que en la zona existe una red de viejos túneles, que fueron realizados para extraer materiales de construcción.

Esta condición más la filtración de gran cantidad de agua lluvia, que llegaba a estas cavernas, aseguró, produjeron el asentamiento del suelo de esta parte del barrio de Chilibulo, que fue legalizada, según él, sin estudios previos, en 1985.

Unas tres semanas más demorará el proceso de demolición de estas cuatro casas, en las que vivían 17 personas, mencionó Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio de Quito.

El proceso completo de demolición y aseguramiento en la zona llevará cerca de cuatro meses, pues se evalúa la condición estructural de otras cinco viviendas. Según el funcionario, es posible que estas casas ingresen en un proceso de expropiación, primero, y de derrocamiento, finalmente.

Un total de $ 770.000 ha invertido el Municipio capitalino hasta el momento en lo que respecta al pago de las cuatro expropiaciones y bonos de arriendo. Este rubro es parte del Fondo de Emergencia que mantiene la Alcaldía y que bordea los $2 millones.

El sábado 30 de abril, antes del inicio del proceso de demolición, Juan Zapata lideró una mesa de trabajo en la que participaron miembros del grupo de rescatistas Topos, de México, y personal de la Fuerza de Rescate de Chile.

Ellos iban a emitir sus criterios técnicos. Una de las conclusiones de esta mesa de trabajo fue que los procesos de demolición deben ser los adecuados para evitar que se generen estragos en viviendas aledañas.

Uno de los que participaron en esta mesa de trabajo fue el chileno Rodrigo Reveco.

Él calificó a este proceso de demolición, que aún continúa, como un “trabajo de joyería fina”, que será lento, dijo. Según indicó, no se trabajará con un solo sistema de demolición, sino que las características de sensibilidad del suelo, entre otras particularidades de la zona, irán determinando cómo se tendrán que dar las tareas.

Zapata explicó que dentro de la demolición, y para evitar vibraciones que afecten a edificaciones aledañas, se descarta el uso de detonaciones o solo de maquinaria pesada en todo el proceso. Por el momento, aclaró, la maquinaria pesada se empleará únicamente para eliminar peso de las construcciones y se trabajará por secciones para garantizar la seguridad. (I)