Los militares en servicio pasivo pedirán al contralor del Estado, Carlos Pólit, una aclaración sobre los resultados del examen especial elaborado al proceso de compraventa de los 66 lotes de terreno adquiridos por el Ministerio del Ambiente al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), para levantar el Parque Samanes en Guayaquil.

Los oficiales en retiro se reunieron la tarde del jueves, en Quito y Guayaquil, para analizar este informe que concluye que el Issfa debe devolver $ 41’090.491 al Ministerio, al detectarse un pago “en más” por estos terrenos.

La compraventa se efectuó en el 2010 por un valor que bordeó los $ 48 millones, valuado así por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del Ministerio de Vivienda.

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Sin embargo, la Contraloría coincide con la Procuraduría del Estado en que esto debió hacerse con la supervisión del Municipio de Guayaquil, como lo estipula la Ley de Contratación Pública.

El delegado de los oficiales en servicio pasivo en el Consejo Directivo del Issfa, Bolívar Silva, considera que el “proceso no termina todavía, pues hay que establecer y consultar al contralor qué acciones” deben implementarse.

“La Contraloría debe establecer los pasos a seguir, e informar quiénes son los responsables. A la vez, ellos pueden impugnar la decisión. Y luego de eso, debe generarse un informe, y ahí dar la orden de reintegro por pago indebido”, insistió Silva.

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El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, solicitó el miércoles pasado al director del ente, Juan Francisco Vivero, que “rectifique” o “modifique los actos que sean necesarios para recuperar los valores pagados en exceso”, según consta en un oficio divulgado el jueves entre los militares.

Además, le dio hasta ayer como plazo para que Vivero le informe qué acciones tomó para cumplir con la recomendación de la Contraloría y la Procuraduría del Estado.

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En esa línea, se conoció que por varias horas de la mañana de ayer hubo una reunión de carácter reservado entre autoridades del Ministerio de Defensa y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, cuyas resoluciones no se conocieron. (I)

$ 361
millones
sería la deuda que el Gobierno mantiene con el Issfa, acumulada desde el 2014, informó Bolívar Silva.