Por el pequeño espacio que queda entre una sábana colgada y un plástico negro que ahora le sirven de paredes, la mirada de Beida Rodríguez se concentra al frente, en el espacio vacío en el que hasta hace dos semanas se levantaba la casa que compró hace seis años en el centro de Bahía de Caráquez.

Luego del terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter del 16 de abril, ella, su esposo, José Farfán, su madre y dos hijos juntaron, entre la calle y la vereda de una esquina cercana a donde estaba su casa, lo que les quedó de su vivienda y de un negocio de comida rápida del cual se mantenían.

Hace seis años esta familia se trasladó del norte al centro de la ciudad huyendo a frecuentes deslaves en el sector de María Auxiliadora.

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La construcción mixta de los Farfán Rodríguez fue derrocada seis días después del sismo, junto a tres casas más. En el lugar solo queda un terraplén que en su base sobresalen pedazos de madera, varillas y cables. En la misma cuadra otras casas están a la espera de ser derribadas, pues el sismo provocó daños graves en sus estructuras.

“De mi cuadra, dicen los ingenieros, solo quedará en pie un edificio. Todo lo demás desaparecerá en mi cuadra y en otras cercanas”, cuenta con un tono de desaliento la mujer de 50 años.

Según el alcalde de Bahía de Caráquez, Manuel Gilces, en dos partes se divide el 85% de las viviendas afectadas en el cantón: el 40% deberán ser derrocadas por completo y están ubicadas en el centro, y el 45% tienen afectaciones leves, como por ejemplo en mampostería.

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En la Ciudadela Norte, zona de Bahía donde estaba la mayor parte de edificios de este sector turístico, hay predios limpios donde ya se derrocaron viviendas y se retiraron escombros, pero aún se ven decenas de edificios y casas que aunque siguen de pie tienen graves daños.

Hasta el viernes pasado, más de 100 edificaciones se habían derrocado en Bahía, informó el ministro de Agricultura, Javier Ponce, a cargo de coordinar los trabajos de ayuda y reconstrucción en esta zona. De 60 casas patrimoniales ubicadas en el centro, explicó, al menos en quince se habría empezado el proceso de derrocamiento.

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El alcanzar la aprobación del propietario para derrocar la edificación y la firma de un acuerdo legal son entre otros el “cuello de botella” en esta fase de la reconstrucción, dice el coronel Frank Landazuri, comandante del Batallón de Ingenieros 68 Cotopaxi, quien está a cargo de habilitar las vías, proveer de agua purificada, derrocar edificaciones, la remoción de escombros y la evaluación de daños en Bahía de Caráquez, San Vicente, Canoa y Jama.

Cita como ejemplo lo que ocurre en Canoa: De los 2.200 predios en los que se deberían derrocar edificaciones en mal estado, se tenía hasta el viernes no más de 100 autorizaciones. “El proceso que hay que mejorar es a nivel de protocolos de derrocamiento, para evitar problemas legales... No podemos entrar a intervenir en una modificación, mientras no se cumpla ese protocolo a fin de evitar problemas legales con los propietarios”.

La falta de conocimiento legal para proceder en esos casos, la no ubicación de los dueños o el desconocimiento de quién es el dueño de ciertos terrenos, serían en otras las causas que limiten el avance con agilidad de un proceso de derrocamiento que es asumido por completo por el Gobierno central y los Gobiernos locales.

El ministro Ponce reconoció que para evitar que los derrocamientos de edificaciones arrastren problemas futuros para las autoridades, se está procurando que estos se hagan en común acuerdo con los propietarios.

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Más al norte, en Pedernales, el Coronel Gonzalo Cordero, director de Operaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), explica que la fase de derrocamientos en la zona urbana arrancó el jueves último con el derribo de seis casas, parte de la lista de 24 estructuras con prioridad por el potencial riesgo que mantienen. Según cifras iniciales del CIE, hay 1.158 viviendas colapsadas.

Dice que en Pedernales el CIE trabaja en coordinación con todos los entes públicos para elaborar los documentos legales que autoricen el derrocamiento: “Yo recibo la orden legalizada para el derrocamiento y procedo, no antes”.(I)

Trabajos
Evaluaciones

Ingenieros del Ejército
Un total de 450 efectivos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE) trabajan en tres zonas de Manabí en las evaluaciones a las edificaciones afectadas. En estas tareas también existe el apoyo de docentes expertos en estructuras de la universidad de Búfalo, Estados Unidos, institución en la que se preparan oficiales del CIE.