A un año de la muerte del recién nacido que en abril del 2015 falleció tras sufrir graves quemaduras, al parecer, en la termocuna en la que fue trasladado desde Milagro hasta Guayaquil, la parte acusadora y la defensa dieron este martes una rueda de prensa para pedir "algo en común": verdad, justicia independiente y transparencia en el proceso.

Esto, ante la proximidad de la audiencia en una de las salas de la Corte Provincial de Justicia para conocer los aspectos relacionados a la impugnación presentada a la declatoria de nulidad, y que está prevista para el 26 de abril.

El menor nació el 8 de abril del 2015 en Milagro, provincia del Guayas, supuestamente con una deficiencia respiratoria; al día siguiente fue trasladado del hospital del IESS del cantón al hospital del IESS en Guayaquil. Al llegar, el menor presentaba quemaduras de primer y segundo grado en el 20% del torso, según había indicado la fiscal. El infante falleció a los tres días, el 11 de abril.

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El caso, que se sigue en contra de ocho profesionales de la salud (dos de ellos de nacionalidad cubana) ha pasado por cuatro fiscales, tres miembros de la Función Judicial, la denuncia de una supuesta injerencia en el proceso y la declaratoria de archivo de la investigación de tráfico de influencias, enfatizó Vizueta.

Justicia sin ingerencias

Los progenitores de Jeramy, Tamara F. y Mauricio R., junto a su abogado Juan Vizueta y la defensa de los implicados, Hernán Ulloa Parada y Héctor Vanegas dieron juntos este lunes una rueda de prensa, en la que cuestionaron que "el proceso no puede avanzar en el Ecuador".

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De acuerdo a Vizueta, el caso sigue en una etapa de preparación de juicio. "No se puede generar una investigación seria, imparcial, por parte de la Fiscalía, para poder establecer los pormenores que se generaron dentro de este proceso", indicó.

Denunció la supuesta "falta de independencia que existe en la justicia en Ecuador en la actualidad", y  expresó que les preocupa la situación porque "el proceso en la actualidad no puede superar ni siquiera la segunda etapa procesal".

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Hernán Ulloa, defensor de uno de los procesados, reclamó una justicia libre de ingerencia, algo que según dijo no han tenido en este caso.

"Es la oportunidad que tenemos para justamente reclamar ante la opinión pública y reclamarle a las autoridades principales del Consejo de la Judicatura que no pueden tapar este tipo de actos... que trastocan la voluntad de independencia psicológica que deben tener los jueces para resolver sus causas", señaló.

Otra acción penal

Para Ulloa, la supuesta ingerencia en el caso es ilegal y no se puede permitir en un estado de derecho, pues ya ha pasado algún tiempo y no hay una acción, "porque se ha seguido un sumario administrativo investigativo por parte del Consejo de la Judicatura, que ha terminado en un archivo".

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Indicó que está pensando en iniciar otra acción penal por el delito de "fraude procesal (por  encubrir un delito) en contra de las personas que están tratando de que esto se silencie".

Para Héctor Vanegas, defensor de dos de los procesados, el caso debe investigarse y sancionarse, porque la seguridad jurídica no lo hacen solo los abogados que litigan ante un juez, sino los jueces y la Función de control que es la Judicatura, dijo. (I)