Seis exámenes a las declaraciones juramentadas de asambleístas remitió la Contraloría General del Estado a la Fiscalía General por haber detectado indicios de responsabilidad penal en aparentes incrementos patrimoniales injustificados.

La entidad de control no reveló a qué legisladores corresponden porque esa información es reservada.

En otros 130 informes, la Contraloría no encontró novedades. Otro más está aún en proceso de control de calidad. Estos aún no se han publicado en su web institucional.

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La institución efectuó esta investigación a pedido de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP), luego de que se hiciera pública una denuncia contra su coidearia, Esperanza G., por supuesto cohecho. Ella ya fue sentenciada a tres años de cárcel, pero sus abogados apelaron. (I)