La Contraloría General del Estado estaría “manteniendo la misma línea” de la Procuraduría del Estado, en la determinación de un posible exceso en el pago de $ 41 millones que hizo el Ministerio del Ambiente al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por la compra de 66 lotes de terreno, en donde se levantó el Parque Samanes en Guayaquil.

Es la opinión del ministro del Ambiente, Daniel Ortega, quien ayer anunció que este viernes la Contraloría dará lectura al informe final a un examen especial que realizó al contrato de compraventa de los terrenos, durante la administración de la actual legisladora del movimiento de gobierno, AP, Marcela Aguiñaga.

Un análisis jurídico de la Procuraduría concluyó que se había inobservado el artículo 56 de la Ley de Contratación Pública y, según Ortega, se pagó por los terrenos “como si fueran urbanizables, cuando por su valor catastral se debió hacer como predios rurales, y ese es el exceso de $ 41 millones (costaron $ 48 millones)”.

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El representante de los oficiales en servicio pasivo en el Consejo Directivo del Issfa, Bolívar Silva, prefiere esperar los resultados oficiales del informe final de la Contraloría, antes de anunciar acciones alternativas, entre las que no se descarta acudir a la justicia ordinaria.

En otro tema, Ortega aseguró que no se están realizando operaciones de exploración petrolera en el interior del Parque Yasuní, en la Amazonía, sino en el denominado Bloque 31, que está a 50 metros de distancia del parque, y “respetando el plan de manejo ambiental”. (I)