La implementación de un nuevo proceso para la asignación de recursos para las becas en ocho universidades cofinanciadas por el Estado, que permita que los sobrantes del presupuesto asignado vayan a un fondo para sustentar los posgrados, es parte de una propuesta legislativa que anunció ayer el Consejo de Educación Superior (CES).

Esto surgió luego de una evaluación que se hizo a las universidades particulares que perciben fondos estatales, en las que se observó que “no han hecho un uso adecuado de los recursos públicos”, y como ejemplo, “$ 6,7 millones, equivalentes a 2.300 becas, no se justificaron”, increpó ayer el presidente del CES, René Ramírez.

El objetivo, dijo, es dar más becas a las personas de pocos recursos y evitar la “elitización de la educación superior“.

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El procedimiento será que el estudiante postule a la universidad cofinanciada que desee, si es aceptado pide una beca a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), se le comunica la factibilidad, se matricula y el Ministerio de Finanzas le asignará a la institución educativa los recursos.

“Esto tiene que ser una reforma legal y tiene que enviarse a la Asamblea y sugeriremos que se tramite en el proyecto de Ley de Cierre de Universidades”, precisó Ramírez.

Si existe un remanente irá a financiamiento de posgrados en universidades públicas. “Con esto queremos aumentar el porcentaje de participación para un financiamiento de más universidades en territorios”.

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Si la universidad quiere recibir estos recursos para becas, deberá cumplir con la restitución de los excedentes y con aplicación de la escala remunerativa del personal académico y de sus autoridades y la disposición tercera del Reglamento de Escalafón.

Entre las universidades cofinanciadas están la Católica del Ecuador, la Católica de Guayaquil, la Tecnológica de Loja, la de Azuay, la Católica de Cuenca, la Vicente Rocafuerte de Guayaquil, la Tecnológica Empresarial y la Salesiana, que reciben $ 73 millones. (I)