Al tercer día de entrar en vigencia la Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, esta norma registró ayer su primera demanda de inconstitucionalidad. El presidente de la agrupación política Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, y el asambleísta Milton Gualán la presentaron ante la Corte Constitucional.

Atarihuana argumenta que la ley afecta los derechos intangibles y violenta disposiciones constitucionales que prohíben la precarización del trabajo y el trabajo por horas.

La ley establece la posibilidad de que las empresas, en acuerdo con sus trabajadores, puedan reducir la jornada laboral hasta 30 horas, lo que representa una menor remuneración. Se cuestiona la reducción a un tercio del salario básico del pago para los pasantes. Consideran confiscatoria la disposición que establece un nuevo destino del aporte para cesantía y que ahora es para un fondo del Seguro de Desempleo.

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Mientras, el Consejo Directivo del IESS realizó ayer el segundo debate del Proyecto de Reglamento Especial de Aplicación del Seguro de Desempleo de la Cesantía y del Régimen Transitorio. Entre los puntos más importantes del Seguro está que para la aplicación de la retroactividad desde el 1 de enero, la Dirección de Gestión Financiera requerirá el pago al Ministerio de Finanzas. (I)