Joaquín Viteri, exdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), alertó este martes que el Estado está afectando los recursos previsionales de la Seguridad Social, y no define cómo deben ser entregardos para sostener el sistema.
La teoría de la Seguridad Social en el mundo es la de garantizar las prestaciones actuales y futuras, es decir, la que está recién aportando y por jubilarse, a lo cual lo llama sostenibilidad, dijo Viteri esta mañana al noticiero de Ecuavisa.
"Las reservas se van constituyendo en el fondo de cada uno de los afiliados que deben ser invertidos por el Banco del IESS para asegurar el sistema de Seguridad Social, pero el Estado tiene la obligación histórica desde 1937 de entregar el aporte del 40%”, señaló.
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En este momento la Seguridad Social no es sostenible, al no haber dinero para el pago de pensiones del 2016, de los cuales se requiere más de $ 1.700 millones, indicó Viteri. Cree que el capital saldrá de las reservas, de las aportaciones actuales de jóvenes y personas entre 50-60 años hasta que se jubilen, por lo que alertó de un posible incremento en las contribuciones.
Para el exdirector, la Constitución está siendo violada de manera flagrante y se requiere de la intervención de la Corte Constitucional para que declare como inconstitucional la Ley de Justicia Laboral y la Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo.
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Tras entrar en vigencia ayer el paquete de reformas laborales, aprobado el pasado 18 de febrero por la Asamblea Nacional, y que establece un seguro de desempleo en el cual el Estado no dará aporte para financiarlo, una licencia sin sueldo por paternidad y maternidad hasta por nueve meses; y la posibilidad de reducir la jornada laboral pero con una aportación al IESS como jornada completa, Viteri dijo hoy que hay una fundamentación concordante para la demanda que sería la sustracción del 1% del patrimonio del trabajador.
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Sin embargo, reconoce que el seguro de desempleo es positivo y necesario, pero el problema está en cómo financiarlo. Considera que se está perjudicando el patrimonio del asegurado al restarle el 3% (1% del aporte del empleador que iría a un Fondo Solidario y el 2% a una cuenta individual de los trabajadores).
"Ellos (Gobierno y Consejo Directivo) han obligado a una situación sumamente grave de lo que se anhela de un sistema de Seguridad Social (...), la Consitución determina que la persona afiliada tiene derecho al Fondo de Cesantía y al de Desempleo, en el momento que le restan este patrimonio, le están perjudicando", cuestionó. (I)