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Hay poco avance en las normas que planeó Alianza PAIS para primer semestre

La ejecución de la agenda legislativa que el movimiento oficialista Alianza PAIS (AP) presentó a inicios de año avanza lentamente en la Asamblea. A la mitad del primer semestre, una de las 22 normas que estaban en la lista ha sido aprobada.

Se trata de la Ley de Declaraciones Patrimoniales Juradas, que fue vetada parcialmente por el Ejecutivo y tiene informe no vinculante de allanamiento de la Comisión de Participación Ciudadana, que el pleno tratará mañana desde las 09:00.

En los tres primeros meses de este año, tres nuevas leyes han sido publicadas por el Registro Oficial y ninguna fue parte de la agenda anunciada por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP).

Son la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, la Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y la Orgánica de Optimización Laboral. El trámite de las dos primeras se inició en 2012 y de la última en este año, con el carácter de económico urgente.

Pese a la agenda que presentó AP a mediados de enero tras dialogar con el presidente Rafael Correa, la situación económica del país hizo que, en una cita del 9 de marzo, Rivadeneira pidiera a los presidentes de las mesas legislativas priorizar los temas económicos.

La semana pasada, en su rendición de cuentas, ratificó esta disposición e insistió en la ‘flexibilidad’ de la agenda.

Fausto Cayambe (AP), coordinador del bloque, prefiere no dividir las leyes por semestres, sostiene que varias de las 36 normas enlistadas ya tienen informe para primer debate y pueden ser aprobadas en segundo debate en abril.

“Todas las leyes que vengan para enfrentar lo económico tenemos que aprobarlas”, dice Cayambe, aunque es optimista frente a la posibilidad de cubrir las 36 leyes planteadas para este año, que incluyen normas como un nuevo Código de Trabajo o una reforma integral a la Ley de Seguridad Social.

Al menos cuatro proyectos con características económicas están pendientes de envío del Ejecutivo: la reforma tributaria para incrementar los impuestos a las bebidas alcohólicas, azucaradas y a los cigarrillos, una reforma para ajustar las asignaciones de los gobiernos locales según los precios del petróleo; y las otras dos leyes que fueron retiradas con el anuncio de que volverían a ser enviadas sobre plusvalía y herencias.

Ramiro Aguilar (antes de SUMA) señaló que la Asamblea puede priorizar cualquier cosa que el Gobierno diga que priorice, “ese es el precio de haber perdido la voluntad”.

“Si la Asamblea estaría mejor presidida, mejor organizada, podría debatirse las leyes en vez de en un día completo, en dos o tres días, que permita que las comisiones se reúnan en la tarde (de los días de pleno)”, agregó el opositor.

Diego Salgado (CREO) manifestó que la agenda siempre la puso el presidente Rafael Correa, cuando la presidenta de la Asamblea señaló que eran 36 leyes, su bancada calculó que al menos el 30% de esas iniciativas eran reformas.

“Creo que es fundamental que enfrentemos la crisis económica y para eso sí se requiere cierta apertura que tiene que ver con las leyes. Yo estaría de acuerdo si se prioriza legislar para enfrentar la crisis, pero realmente no con leyes como la que acaba de pasar de ‘optimización laboral’ y, además, por seis meses, tiempo en el que no vamos a resolver la crisis”, expresó Salgado. (I)

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Leyes constaban en la agenda del Parlamento para el segundo semestre de este año, según los oficialistas.

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