“Lula negoció directamente con los partidos el nombramiento de directores de Petrobras (la estatal petrolera de Brasil) y sabía cómo los partidos los usaban a ellos, sobre todo en temas de financiación de las campañas”, afirmó Delcidio do Amaral en una entrevista publicada ayer por la revista brasileña Veja.

El exlíder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT, de izquierda) en el Senado aseguró también que “Dilma heredó y se benefició del esquema, que financió sus campañas políticas. Dilma también sabía todo. La diferencia era que ella fingía no tener nada que ver con el asunto”, agregó.

Amaral, detenido en noviembre pasado por obstruir la investigación de la causa por corrupción de Petrobras, salió de prisión el mes pasado, tras acordar con la justicia una pena más leve por dar su testimonio, en el que involucra a Lula y a Dilma.

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El martes último cuando se conocieron parte de sus declaraciones a la justicia, Amaral dijo que el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, personaje histórico del PT, había intentado, como emisario de Dilma, comprar su silencio.

Ayer, los manifestantes antigubernamentales volvieron a salir a las calles en el centro de Sao Paulo, horas después de la marcha oficialista del viernes, en la que estuvo Lula da Silva.

“Lo primero que queremos es la renuncia de Dilma y la prisión de Lula. Después, la de todos los políticos corruptos sean del partido que sean”, expresó Bruno Balestrero, un actor de 27 años, que oficiaba como organizador de la protesta de ayer en la céntrica av. Paulista.

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Él y otros manifestantes dijeron que se instalarán en el centro de Sao Paulo hasta “obtener la renuncia de la presidenta”.

El viernes, minutos después de que se terminara la marcha oficialista, un juez de la Corte Suprema de Brasil suspendió el nombramiento del expresidente como jefe de Gabinete.

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“El objetivo de la falsedad está claro: evitar el cumplimiento de una orden de detención preventiva” en contra de Lula, que está siendo considerada por un tribunal menor, escribió en su fallo el juez Gilmar Mendes.

Él dictaminó además que la investigación de Lula se quedaría en manos de su colega, Sergio Moro, quien desde hace dos años lleva la operación ‘Lava Jato’ (Lava autos), que hace temblar a la élite económica y política del país.

Los simpatizantes de Lula, Dilma y del y PT acusan a Moro de estar en una cacería de brujas con motivos políticos, y han intentado retirarlo del caso.

La decisión Mendes deja a Lula y al país más grande de Sudamérica en el limbo. El Gobierno podrá apelar el fallo, que tendrá que ser decidido por el pleno del máximo tribunal. Pero con la Semana Santa cerca, podría pasar algún tiempo antes de que el pleno se reúna.

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La tensión política y social puede intensificarse en las próximas semanas, ya que el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, está decidido a acelerar el proceso de juicio político (impeachment) contra Rousseff, acusada de haber manipulado las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y a inicios del 2015. (I)