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Brasil respalda al juez Sergio Moro

Gerardo Lissardy
BBC Mundo Brasil

Sergio Moro era un juez desconocido en gran parte de Brasil hasta hace un par de años, aunque ahora se encuentra en el centro de uno de los mayores escándalos políticos de su historia reciente.

Moro es el juez que este mes obligó a declarar bajo custodia policial a Lula da Silva y que el miércoles levantó el secreto sobre un polémico diálogo telefónico entre Lula y Rousseff.

Estas medidas le valieron a Moro tantos aplausos como acusaciones de atropello a la ley. La propia Rousseff criticó el pasado jueves la divulgación de las escuchas telefónicas, diciendo que son un peligro para el Estado de derecho.

Como juez de la gigantesca causa de sobornos en la petrolera Petrobras, Moro ya ha puesto tras las rejas a políticos y algunos de los empresarios más ricos de Brasil, algo que parecía impensable en este país.

Por todo esto, activistas anticorrupción lo señalan como un ejemplo. “Él está prestando un gran servicio al país”, expresó Gil Castello Branco, un economista al frente de la ONG brasileña Cuentas Abiertas, que conoció a Moro en un evento de Transparencia Internacional.

“En el caso del juez Sergio Moro, no solo estamos luchando contra el crimen organizado, (sino) con el crimen institucionalizado”, agregó en diálogo con BBC Mundo.

Basado en Curitiba, ciudad del sureste brasileño donde también da clases a estudiantes de Derecho, Moro es especialista en lavado de dinero, un tema sobre el que recibió formación en Estados Unidos.

Antes de la causa Petrobras ya había conducido varios casos relacionados con ese delito.

Uno de esos procesos fue contra el mexicano Lucio Rueda Bustos, al que sentenció en 2013 por lavar dinero del narco en Brasil, subastando inmuebles y autos de lujo de su propiedad por más de $ 6 millones. Todo un récord en Brasil hasta ese entonces.

Fue en un caso de delitos financieros que indagó a Alberto Youssef, cambista. Y halló “incidentalmente” el vínculo de este con Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras.

Así cobró forma el operativo policial Lava Jato (Lavacoches), denominado de ese modo porque se lanzó en marzo en una estación de gasolina donde, según los investigadores, enviaban dinero al exterior de forma clandestina.

Sus denuncias indicaron que empresas constructoras pagaban sobreprecios para obtener jugosos contratos con Petrobras, y que el dinero ilícito financió al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y a otros grupos políticos.

Hasta ahora, en el marco de la causa conducida por el juez Sergio Moro, han sido condenadas 67 personas, se investigaron sobornos por $ 1.700 millones y se recuperaron $ 800 millones por acuerdos judiciales. (I)

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