La concesionaria Interagua emite en esta edición un comunicado en referencia a la dotación de servicios de alcantarillado en “barrios de menores recursos”, incluidos los colindantes con el estero Salado. Subraya que en el lapso de ocho años, cuando empezó su competencia en este campo, ha servido a 800.000 moradores y que la mitad de ellos pertenece al segundo grupo.

El sábado pasado, el presidente Rafael Correa, refiriéndose a la contaminación del estuario, dijo que la situación se configuraba en delito ambiental y conminó a Interagua a cumplir “con su responsabilidad” si no, iba a ir a instancias judiciales.

La concesionaria remarcó que cerca de 40.000 ciudadanos de la zona del estero Salado no han cumplido con  “su obligación de conectarse a la red pública por no poder sufragar los costos de dichas conexiones”. “Como jurídicamente no es posible pagar esas conexiones con dinero público, hemos procedido a obtener el financiamiento para  que esas personas privadas puedan devolver a largo plazo el dinero y hacer,  como lo hemos estado realizando,  con la respectiva conexión por parte nuestra”.

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Aseguró que junto con su reguladora Emapag ha superado sus metas y contribuido con soluciones solidarias y convenientes con el ambiente. (I)